Empresa – Caos en marina mercante

Alberto Barranco

Inconformes, en principio, con la transferencia de las Capitanías de Puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de Marina, ahora las empresas de marina mercante, navieras, similares y conexas, centran su esperanza en que ésta ponga finalmente orden en la actividad.
El traslado de facultades, como usted sabe, llegó el 17 de julio pasado, creándose una Dirección General de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos al mando del vicealmirante Jorge Manuel Sáenz Zamorano.
La instancia en sustitución de la Dirección de Marina Mercante de la SCT, cuyo titular, Pedro Pablo Bermúdez, renunció hace unas semanas, acumula un cerro de quejas.
De entrada, se acusa a la empresa Naviera Magna, que opera con el nombre comercial Ultramar, de operar como monopolio en los mercados de Cozumel, Cancún e Islas Mujeres.
A la firma encabezada por Germán Orozco Sarro se le rescindió un contrato de exclusividad que le había otorgado la Dirección de Puertos de la SCT para atracar en un muelle de terminal de ferries de Cozumel.
Lo curioso del caso es que la acción se realizó el 12 de julio, es decir cinco días antes de que entrara en escena la Marina.
El problema es que la firma mantiene otra prebenda similar en Puerto Juárez, Cancún, al que la nueva Capitanía de Puertos declaró ilegal. La exclusividad viola el artículo 10, fracción 1 y 45 de la Ley de Puertos.
Los contratos fueron avalados en su momento por la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo que encabezaba Javier Zetina durante el gobierno de Félix González Canto y Ercé Barrón en el de Roberto Borge. Este último enfrenta una orden de aprehensión por parte de la fiscalía del Estado por su participación en los permisos otorgados a la naviera Barcos del Caribe, actualmente embargada comercialmente por la presunción de que se creó con recursos públicos durante el sexenio de Borge y el anterior.
En la lista de socios aparecen el abogado del ex gobernador Roberto Borge Marín, padre de Borge Angulo, César Celso González Hermosillo; la que fuera asistente personal de éste, Lourdes Pinelo Nieto, y Franco González, tío del ex gobernador Félix González Canto.
La firma que la avala tiene como razón social Impulsora Marítima de Quintana Roo.
En el marco que permitió la operación de la compañía que realiza traslados de Playa del Carmen a Cozumel participó la Coordinación de Marina Mercante y Puertos a cargo de Guillermo Ruiz De Teresa y la Dirección de Marina Mercante.
La naviera sigue operando mientras se deshoja la investigación sobre los fondos con que se creó. Una pieza clave será la extradición del ex gobernador Borge, actualmente preso en Panamá.
En la situación caótica de la industria los colegios e institutos náuticos, los sindicatos de marinos, los oficiales de protección, los pilotos de puerto y los oficiales de máquinas han creado un frente unido.
La propia Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo ha lanzado un grito de auxilio ante un escenario que coloca en calidad de varada al 50% de la flota ante la crisis de los servicios de transporte petrolero offshore.
Algunas firmas como Marines de José Lara Zavala y Naviera Integral de Juan Pablo Vega pugnan por ingresar a operar a Cozumel para evitar la quiebra.
Se diría, pues, que la Secretaría de Marina se sacó la rifa del tigre.
Balance general
Separado hace unas semanas como administrador Central de Apoyo Jurídico de la Administración General de Aduanas en vías de fincarle cargos penales, Marcoflavio Rigada podría estar involucrado en un fraude a Mexicana de Aviación con cargo a sus trabajadores.
En el escenario estaría también el ex conciliador del concurso mercantil de la empresa, Gerardo Badín.
Este habría maniobrado para que la firma Borderless Aircargo de Fernando Ramos Casas operara los recintos fiscalizados 17 y 18 de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que eran administrados por Mexicana de Aviación vía permisos obtenidos en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas De Gortari.
De acuerdo con la sentencia del juez que declaró en quiebra a la empresa área, la autoridad quedaba en posibilidad de revocar las concesiones obtenidas.
Sin embargo, a título de salvaguardar los intereses de los trabajadores, Badín presionó el traspaso.
La única ganancia para los trabajadores en espera de liquidación llegó al contratarse a algunos para servicios de manejo, custodia y almacenaje de mercancías en los recintos fiscalizados.
En el marco, según ello, Mexicana de Aviación adquirió 70% de Borderless… ¡en mil 500 pesos! Tradicionalmente este tipo de recintos generan ventas anuales por 200 millones de pesos. El caso es que el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México le concedió a Mexicana el 2 de abril del 2014 que no le fuera revocado el permiso otorgado. Y el caso es que el 30 de mayo del 2015 Borderless Aircargo le solicitó a la Secretaría de Hacienda y al propio SAT modificar a su favor el permiso otorgado a Mexicana. De ello los damnificados de la quiebra de la línea aérea se quedaron ayunos, no sólo de la maniobra, sino de las ganancias.