Asuntos Públicos – Revés judicial a los diputados del PRI-Juntos…

Eduardo Coronel Chiu

Revés judicial a los diputados del PRI-Juntos…

Como se esperaba, puesto que el juicio de protección de derechos humanos no era la vía legal idónea, la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado desechó la demanda interpuesta por diputados locales del PRI y Juntos por Veracruz en contra de la permanencia de Sergio El Bailador Hernández como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La resolución de la Sala rechazó entrar en materia, al fondo del asunto; bateó la demanda en la entrada. No reconoció la legitimación procesal de los promoventes. La declaratoria de improcedencia se basó en que los quejosos no tienen facultad para interponer el juicio en nombre de las personas que conforman su distrito ni acreditaron ejercer algún mandato en términos jurídicos.
Esta derrota anunciada del grupo legislativo PRI-Juntos, como la acción de inconstitucionalidad que pretende la bancada de Morena para impugnar la permanencia ilegal del coordinador del PAN en la Jucopo, también de previsible desechamiento por improcedencia, muestra no la validez o legalidad de la acción del grupo panista en el Congreso, sino los vacíos de legislación.
El golpismo del PAN, su negativa a rotar la presidencia de la Jucopo según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo (último párrafo del artículo 31), dicha violación carece de recursos legales de impugnación, pese a la ilegalidad no caben o proceden la acción de inconstitucionalidad en el ámbito del Poder Judicial de la Federación ni el juicio de protección de derechos humanos, ambos para actos contrarios a la Constitución que deben concretarse en actos o normas generales.
Falso. que confirme validez jurídica al golpe de El Bailador
La Sala Constitucional optó por la improcedencia basada en la falta de legitimación. Pero esto no significa que su resolución “confirma la validez jurídica que permite al grupo legislativo del PAN mantenerse en la presidencia de la Junta de Coordinación Política”, como atribuye con falsedad el comunicado del Congreso. Con un manejo partidista de la administración del Congreso, el área de comunicación social y el director de Servicios Jurídicos le hacen el juego de propaganda a Sergio El bailador. En ningún lugar de la sentencia de la Sala se observa alguna declaratoria de confirmación de validez jurídica al grupo legislativo del PAN, no puede haberla puesto que la improcedencia es un examen del juzgador previo a entrar al estudio de los puntos controvertidos. O son muy ignorantes del proceso legal o quieren pasar de listos engañando al público no familiarizado con los temas jurídico-procesales. Agarratontejos, por decirlo con eufemismo, de modo no jarocho y llano.
El error de no asistir a la sesión
Ahora que les batearon la impugnación a los del PRI y Juntos (como les pasará a los de Morena, en su turno, si promovieron la acción de inconstitucionalidad ante la suprema corte de justicia) les podrá llegar la comprensión del error de estrategia parlamentaria en que incurrieron al no asistir a la sesión extraordinaria del 28 de septiembre, en la que dejaron que el PAN con el PRD y las 2 comparsas tomaran todas las decisiones. No solo las de mayoría absoluta, entre estas el nuevo reparto de comisiones, que las habrían perdido, sino las de mayoría calificada –como la autorización al negocio de las ciudades judiciales (Pedelandia)– donde el bloqueo habría servido para negociar.
¡AhÍ viene el Orfis!
Este viernes el titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla, entregará al Congreso del Estado el Informe del Resultado a la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2016, el último del gobierno de Javier Duarte, penúltimo de los 212 ayuntamientos del estado.
Si estas auditorías a la gestión financiera de los llamados “Entes Fiscalizables” vienen como los resultados de las cuentas del año previo (2015) habrá un tronadero mayúsculo, apretones, riesgos de cárcel o devoluciones para numerosos servidores públicos; los estatales –de la anterior administración–, pero también los de ayuntamientos, aún en funciones, por irse a fin de año.
Por los resultados de 2015 el Orfis presentó en la Fiscalía del Estado 22 denuncias por su revisión propia y directa, que importan un daño patrimonial de 13 mil millones de pesos, además de otras dos investigaciones que le encomendó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), éstas relativas a observaciones sobre transferencias de fondos federales de las cuentas de “Convenios” y “Aportaciones” a diversas cuentas del Gobierno del Estado, desvíos característicos de la operación “licuadora”; revisión que determinó daño patrimonial por 8 mil 249 millones de pesos. Así, por 2105, hay un total denunciado por daño patrimonial de 22 mil 037 millones de pesos, casi un 25% del presupuesto anual, un monto sin comprobar y con presunta responsabilidad penal sin precedentes.
La semana próxima, entre lunes y martes, podría realizarse la reunión del Auditor Lorenzo Antonio Portilla con los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado para entrar a la explicación y detalle de las observaciones del actual Informe de Resultados a la Fiscalización a las Cuentas Públicas de 2016.