Asuntos Públicos – Libertad de expresión amenazada

Eduardo Coronel Chiu

Libertad de expresión amenazada

Corrobora la situación crítica y vulnerable del ejercicio del periodismo en México y varios estados, entre ellos Veracruz, el informe preliminar rendido ayer conjuntamente por los relatores especiales sobre la libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU), David Kaye y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, tras su visita realizada del 27 al 4 de diciembre pasado.
Pese a que desde hace varios años es muy visible en el ámbito nacional e internacional la escalada de agresiones diversas en contra de comunicadores y medios, que constituyen violaciones a los derechos humanos y para la vida democrática, lo más relevante del informe es que dos prestigiados organismos internacionales reclaman a las autoridades por los insuficientes resultados.
Como es sabido, la crisis de seguridad y el contexto de violencia generalizada que vive el país tiene a los periodistas como uno de sus grupos de víctimas. Las cifras –con ciertas variaciones– y los nombres son del dominio público; el informe hace el recuento desde 2010, 73 asesinatos, 12 desapariciones forzadas, 44 intentos de homicidio; además cita a la CNDH que ha registrado 52 ataques contra medios y anota a la contabilidad del año en curso 11 asesinatos –entre estos el del periodista veracruzano Ricardo Monlui, cometido durante el gobierno de Yunes.
No basta reconocer el problema, las agresiones no cesan
La evaluación de los comisionados recrimina a los gobiernos por reconocer el problema sin aportar su solución; si bien admite que se han adoptados ciertas medidas legales y operativas desde la expedición de leyes a la creación de fiscalías especializadas y organismos para la protección, las agresiones no han cesado.
Reprueban la ONU y la CIDH al estado mexicano y a los gobiernos estatales –entre ellos Veracruz– por no garantizar la protección de los periodistas, no solo de los ataques físicos, sino también de otras formas de intimidación, estigmatización y discriminación; asimismo señala la falta de eficacia de los procesos penales contra agresores y la persistencia de la impunidad: “ha hecho poco o ningún progreso para erradicar la impunidad”, “al menos 99.6% de estos crímenes siguen sin resolver”.
En sus visitas a los estados, encontraron de nuevo una gran desconfianza hacia las autoridades a cargo de las investigaciones, así como la creencia de que hay colusión con los agresores, además de quejarse de no haber recibido información en los estados, por cierto, en este punto, hay cita directa a Veracruz: “En Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Guerrero, las autoridades no pudieron informarnos sobre ninguna convicción en relación con los asesinatos de periodistas que dio lugar en su jurisdicción”.
También critican la incapacidad de los gobiernos para prevenir las agresiones, con todo y la existencia de “alertas”, y como si fuera un mensaje directo al gobierno de Miguel Ángel Yunes refieren: “también hemos recibido información preocupante en relación con el uso de la ley de funcionarios gubernamentales y procesos legales para intimidar a periodistas y los medios, así como la diseminación de propaganda que acusa a los periodistas de cometer delitos, lo cual pone en riesgo su seguridad”.
Recomendaciones
Por otro lado, los comisionados no dejan de observar otras situación que amenazan a la libertad de expresión, entre estas el espionaje –citan el caso del sofware Pegasus– y advierten riesgos de la Ley de Seguridad Interior, aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado, al que le piden no aprobarla y abrir un debate nacional.
Entre las recomendaciones propuestas, se nota la desconfianza en las autoridades de los estados y la inclinación por un enfoque centralizado tanto de legislación como de organismos de protección. Plantean una ley nacional para la protección a periodistas de aplicación en los estados, mayores recursos y mecanismos de supervisión a las fiscalías especializas en delitos contra la libertad de expresión y fortalecer a los organismos de protección nacional, en vez de los estatales.
A ver cuánto toman las autoridades federales y estatales del informe y las recomendaciones. Como no son vinculantes, es discrecional su atención. Valen por el estatus de los organismos internacionales. Pero la importancia del informe está más allá de lo estrictamente legal; exhibe la persistencia de las agresiones sistemáticas contra periodistas y su impunidad; muestra en el plano internacional el déficit de instituciones para la protección de la vida e integridad física de los comunicadores, además del derecho colectivo a saber, el derecho a la información, que deben tutelarse en una sociedad democrática, como la que México dice aspira a construir.