Asuntos Públicos – Asalto al Poder Judicial

Eduardo Coronel Chiu

Asalto al Poder Judicial

Encubierto como un relevo generacional deslizado en una reforma a la Constitución Política del Estado, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, en combinación con su grupo legislativo PAN-PRD en el Congreso y la operatividad de su incondicional, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, avanza en el asalto al Poder Judicial; se proponen controlar la renovación de magistrados, entre 16 y 25, según sus cálculos, para los próximos 15 años, cuando menos.
Publicada en la Gaceta Oficial del Estado el pasado 26 de diciembre, la reforma constitucional iniciada por el grupo legislativo del PAN establece varios supuestos para el retiro forzoso de magistrados –uno de ellos, alcanzar la edad de 70 años; otro, haber cumplido 10 años sin ratificación; y un tercero, haber cumplido 15 años en el cargo–, hipótesis que si bien podrían considerarse válidas y legales, no lo es la interpretación que a modo del patrón pretenden darle tanto los diputados del PAN –Sergio Hernández, El Bailador y María Elisa Manterola, coordinador del grupo legislativo y presidenta de la Mesa Directiva, respectivamente–, y desde luego el magistrado Edel Álvarez, encargado de ejecutar de inmediato la limpia: por encima del principio de no aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna, consignado como derecho fundamental en la Constitución Política del país.
El magistrado Edel Álvarez, como mayordomo del gobernador, opera con diversos recursos el desalojo masivo de magistrados. Una línea es la oferta bajo el agua de un bono económico a los dispuestos a la entrega inmediata de la oficina y la aceptación de la baja, además de garantizar el acceso a las prestaciones jubilatorias dobles y haberes de retiro, en el IPE y en el presupuesto del Poder Judicial, y para los renuentes, no falta la disimulada intimidación que representaría considerarlos opositores a los deseos del grupo en el poder.
Para Edel Álvarez ya están fuera, eran magistrados, ya los conminó personalmente a que entreguen la oficina y hasta les dio las gracias por sus servicios prestados a la institución que él “dignamente” hoy representa.
Magistrados de la camarilla
Si se retiraran de inmediato los magistrados que se encuentren en los tres supuestos, como lo requieren los que hoy mandan en los poderes del estado, Yunes Linares en su segundo y último año de gobierno podría proponer el nombramiento de juristas incondicionales en paquete y copar cerca del 90 por ciento de las magistraturas en los próximos 15 años. Tan solo el Tribunal Superior de Justicia tiene por ley 30 magistrados, y en lo que le queda, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Es cuestionable la cooperación de las bancadas del PRI y Juntos por Veracruz para que el grupo mayoritario del gobernador Yunes, PAN-PRD, obtenga los votos requeridos de dos terceras partes del pleno, negociados no solo para la reforma a la Constitución sino en los nombramientos que ya se han realizado de magistrados, como lo hicieron para la integración del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa. Como se recuerda, de los cuatro magistrados que se nombraron, Yunes colocó a su secretario particular, premiaron a la juez de control que legalizó detenciones y prisión de enemigos del régimen y de seleccionados duartistas, a la amiguita de Edel Álvarez y una plaza para el PRI, al ex director jurídico de Américo Zúñiga.
Con ese precedente es obvio el móvil político de la renovación generacional de magistrados.
En busca de amparo
No todos los magistrados han aceptado dócilmente la pensión dorada. Al menos dos de ellos, ha trascendido, presentaron demanda de amparo en contra de la aplicación retroactiva de la reforma. El magistrado Jorge Espinosa obtuvo a su favor una suspensión provisional de un juez de distrito, sin embargo, otro juez del mismo rango desechó la demanda del magistrado Alfredo Algarín, quien a su vez impugnó esa resolución. En los días que vienen se verá qué pasa con la operación desahucio y abordaje pirata al Poder Judicial.
El prospecto de coordinador de Pepe Yunes
Mal mensaje enviaría el precandidato del PRI a gobernador del estado, Pepe Yunes Zorrilla, de confirmarse las versiones de que Marcelo Montiel será el coordinador de su campaña electoral.
La imagen de honestidad, que es una de las fortalezas de la candidatura de Pepe Yunes, se vería seriamente empañada con la incorporación a su equipo central de un político como Montiel, señalado públicamente en diversas ocasiones por actos de corrupción, incluso algunos escandalosos, como los de su actuación más reciente en la delegación federal de la Secretaría de Desarrollo Social.
Jalaría Pepe sin necesidad a su campaña el descrédito de Montiel. Se expondría a recibir en carambola los recordatorios de aquellos jóvenes aprehendidos en San Andrés Tuxtla haciendo retiros en cajeros electrónicos, cargados de tarjetas de falsos beneficiarios de programas sociales, además de los archivos que divulgó el senador Alejandro Encinas cuando presentó denuncias contra Montiel por 500 millones de pesos. Aparte del enriquecimiento de Marcelo en ranchos tanto en su natal Los Ídolos, municipio de Puente Nacional, como los que le atribuyen en Brasil. Sin contar las versiones de deslealtad partidista en el pasado proceso electoral en Coatzacoalcos. Tampoco puede ya sustentar Montiel el mito de eficacia como operador electoral en Coatzacoalcos, donde alguna vez asentó el control político. Acabó su ciclo y suma ya varias elecciones perdidas al hilo. Y no se olvida que era el coordinador de campaña en la primera intentona fallida al senado de Pepe Yunes.
Pero sobre todo, este personaje sería incongruente con la agenda anticorrupción que Pepe Yunes y el PRI pretenden presentar como puntos positivos al electorado. Hay señales de alerta.