Policía sigue impune en el caso Tierra Blanca

Redacción AZ
A 730 días de la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca quienes fueron entregados a la delincuencia organizada por policías estatales, la cadena de mando policiaco no ha sido castigada.
Bernardo Benítez Herrera, padre de uno de los desaparecidos advierte que tal parece que las autoridades apuestan al olvido, a que no pase nada, a una justicia retardada y señala : “Hemos avanzado poco, así son las leyes en México”.
Recuerda que en febrero del año pasado, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, para castigar a los altos niveles de la jerarquía en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), por desaparición forzada , pero no obtuvieron respuesta.
El 11 de enero del 2016, Susana Tapia Garibo de 16 años, José Benítez de la O de 24 años, Mario Orozco Sánchez de 27 años, Alfredo González Díaz de 25 años, y Bernardo Benítez Arróniz, fueron detenidos cuando iban rumbo a Playa Vicente a solo 116 kilómetros de distancia de sus casas. Eran las 11:30 de la mañana de un lunes, entonces los policías declararían más tarde que los jóvenes “ les parecieron sospechosos” y los entregaron al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Después, las investigaciones también revelarían que el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, Marcos Conde y al menos ochos policías estaban implicados en otros casos de desaparición, que habían reprobado los exámenes de control y confiabilidad y tenían nexos con el crimen organizado.
Un año después de los hechos, los padres denunciaron ante la Fiscalía General de Estado al ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y cinco mandos policiacos de alto nivel por el delito de desaparición forzada.
En febrero del 2017, los padres aportaron nuevas pruebas que consideraron contundentes para el expediente que se sigue en la Carpeta de Investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016.
Celestino Espinoza Rivera, abogado defensor señaló que hubo omisiones graves de parte de ex funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Entre las omisiones se destaca que los policías implicados en la desaparición reprobaron los exámenes de control y confianza, que el entonces delegado Marcos Conde tenía antecedentes penales por portación de arma y estuvo preso en el Penal Federal de Villa Aldama, y que además él, junto a su grupo de policías fueron cambiados de área a pesar de las denuncias e irregularidades en su contra, cambios que fueron aprobados directamente por Arturo Bermúdez Zurita, ex titular de SSP ( ahora preso en el penal de Pacho Viejo por abuso de autoridad).
Los ex mandos de la SSP denunciados en la ampliación fueron: Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública; José Nabor Nava Holguín, Subsecretario de Operaciones de la SSP; José Alfonso Díaz Pineda, Director de Operaciones de la SSP; y Andrés Tenorio Quezada, Subdirector Operativo en la Zona Centro.
Bermúdez impune y policías sin sentencia
El caso Tierra Blanca atrajo la atención nacional y con ello la intervención del gobierno federal a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo entonces de Roberto Campa Cifrían. Se logró la intervención de la Gendarmería Nacional, y la detención de 19 personas, ocho policías y 11 civiles vinculados a una célula del Cartel Jalisco Nueva Generación.
En diciembre del 2016, la PGR se declaró incompetente para fincar responsabilidades por delincuencia organizada en contra de los policías estatales y civiles.
Después de una batalla legal, casi 12 meses después, en diciemgre del año pasado y tras imponer un amparo, los padres lograron que los policías y civiles fueron imputados por el delito de delincuencia organizada y enviados a un penal de máxima seguridad en Durango.
Sin embargo, ahora es la Fiscalía quien no ha logrado vincular a Bermúdez con el delito de desaparición forzada.