Asuntos Públicos – De la leche caducada a la transa de las despensas

Eduardo Coronel Chiu

De la leche caducada a la transa de las despensas

En el asunto de las despensas distribuidas con alimentos en mal estado, detectado en los municipios de Minatitlán y Zongolica, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ha pasado de la irresponsabilidad a la sospecha de corrupción.
El enfrentamiento del gobernador Yunes con el presidente municipal de Minatitlán, Nicolás Reyes, del partido Morena y la controversia acerca de si las despensas entregadas por el Gobierno del Estado contenían o no leche caducada, derivó hacia el truculento y oneroso procedimiento administrativo para la compra de despensas en el DIF del estado.
La exhibición del producto lácteo adquirido con sobre precio, el litro a 20 pesos –precio en tienditas 16.50, Cuitláhuac dijo–, corroborable en cualquier parte, atrajo la atención al paquete de compra; fue la hebra para sacar a la luz un contrato a todas luces amañado por el DIF estatal para beneficiar a un proveedor, Productos Sorel SA de CV, empresa de la Ciudad de México, a la que le adjudicaron el 22 de marzo de 2017 de modo directo e improcedente el contrato con un valor superior a 40 millones de pesos para surtir 296 mil 200 despensas en 138 municipios del estado.
No es difícil encontrar las violaciones en que incurrieron los funcionarios del DIF estatal a las diversas normas que rigen las adquisiciones con recursos públicos.
Amañado
El dictamen aprobado el 21 de marzo de 2017 para la adquisición mencionada de las despensas, fuera de licitación pública, es claramente amañado. Por el monto del contrato el DIF estatal debió realizar una licitación pública, ya que el supuesto de excepción no se acredita de ningún modo. Sus funcionarios, encabezados por el director de administración Javier Marín Atristaín, refieren con falsedad una situación de emergencia, trastornos graves, pérdidas o costos adicionales inexistentes.
Invocan como pretexto la hipótesis prevista en el artículo 55 fracción III de la Ley de Adquisiciones del Estado, la cual permite la adjudicación directa previo dictamen de procedencia del subcomité, cuando:
III. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, el medio ambiente de alguna zona o región del estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales; por caso fortuito o de fuerza mayor u otras circunstancias que puedan provocar trastornos graves, perdidas o costos adicionales (esta última línea subrayada en el dictamen).
Es falaz e insostenible la justificación enunciada en el considerando primero: “es indispensable la entrega de las despensas correspondientes al mes de marzo de 2017 (y hacen el dictamen faltando 10 días para que termine ese mes) a los diversos municipios de la entidad veracruzana” (y siguen) “por lo que es necesaria la acción rápida del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Veracruz, con la finalidad de no vulnerar el derecho fundamental a la alimentación básica (y hasta le meten propaganda) que en todo momento busca salvaguardar el Gobierno del Estado de Veracruz”.
Según el contrato firmado por el Director de Administración del DIF con el representante de Productos Serel el 22 de marzo de 2017, el suministro de las despensas se haría en una primera entrega parcial no especificada en cantidad y sitios, al día siguiente, el 23 de marzo, y las subsecuentes en el lapso de 24 días naturales, es decir, inclusive hasta el 16 de abril, es decir, la urgencia de marzo se resolvería 15 días después de terminado ese mes. Aparte de que el programa al que cargan el gasto no corresponde a la población vulnerable; la columna del programa se identifica como “Asistencia alimentaria a sujetos NO vulnerables”.
Por otro lado, tampoco es admisible el argumento de la emergencia y el cuento del derecho humano a la alimentación para cumplir con la entrega de despensas en el mes de marzo de 2017, cuando es público y sabido que la administración de que la forma parte el DIF estatal asumieron los cargos el primero de diciembre de 2016. Dispusieron cuando menos de tres meses –diciembre a febrero– para organizar con apego a la ley una licitación pública y en el peor de los casos una invitación a tres proveedores.
Negocios como los de antes
Como sus antecesores, los que llegaron al Gobierno del Estado en diciembre de 2016 siguen haciendo negocios al margen de la ley con el gasto público. Como los anteriores gozaron de la impunidad mientras detentaron el poder del estado, hoy parecen intocables; la directora del DIF, María Laura García, tiene la protección de su esposo el secretario de Salud, Irán Suarez Villa, ambos, es sabido, son proclives, entre otras asociaciones, a las redes poblanas de negocios; mientras que el director de Administración, Javier Marín Atristaín, el operador del negocio de las despensas, se le tiene por protegido del principito de Boca.
¿Quién hará una auditoría a la compra amañada de despensas por 40 millones de pesos? ¿Lo hará el ORFIS? o ¿habrá que esperar otra alternancia para que se destapen las cloacas de ahora?