Asuntos Públicos – Ciudades judiciales: negocio con empresas favoritas

Eduardo Coronel Chiu

Ciudades judiciales: negocio con empresas favoritas

Bajo sospecha de corrupción quedan el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edel Álvarez Peña, por la adjudicación de los contratos hasta por 5 mil 100 millones de pesos para construir 21 “ciudades judiciales” en el estado, bajo el esquema de asociación público-privada, a un grupo de empresas con las que se vincula al actual gobernador.
Nadie podría creer en la imparcialidad de una licitación pública en la que resultó ganadora del paquete de contratos un “conglomerado” de 6 empresas, donde figuran como ejes la Asociación de Compañías Constructoras ACCSA y Constructora y Promotora Malibrán, ambas controladas por los herederos de Valentín Ruiz Ortiz (Ruiz Anitúa) del consorcio Intra, con quienes se relaciona en negocios comunes al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
El favoritismo del gobernador Yunes a estas empresas de la familia Ruiz se acredita en su actual periodo de gobierno (aunque viene de tiempo atrás) con las prórrogas anticipadas por 30 años más en la concesión carretera a la empresa Constructora y Promotora Malibrán para explotar el Libramiento Plan del Río y para “extender” por un plazo igual a ACCSA la apropiación de los ingresos en la autopista Veracruz-Cardel; ambas otorgadas el año anterior, sin transparencia en las contraprestaciones que debía recibir el Gobierno del Estado. Además, entre otros, de los proyectos para remodelar el bulevar del Puerto de Veracruz, convenido con el consorcio Intra.
Atraco prolongado
Cuestionado el modelo legal-financiero para edificar, equipar y mantener los conjuntos de oficinas para el Poder Judicial, equivalente a deuda pública a largo plazo, sin un análisis comparativo de inversión-deuda, la decisión tomada por las autoridades del estado representa un gran negocio para inversionistas privados y una carga financiera onerosa para el Poder Judicial y el Gobierno del Estado. En forma general, de acuerdo a las autorizaciones de la indolente legislatura, los asociados invierten hasta 1,301 millones, mientras que el Poder Judicial, con cargo al presupuesto público, garantizado con participaciones y el aval del Gobierno del Estado, pagará al mes hasta 240 millones de pesos durante 25 años. Cualquiera que haga la cuenta, advertirá que los socios (de Yunes y Edel) recuperan su inversión en un máximo de 5 años y medio, pero recibirán utilidades equivalentes a casi 4 mil millones de pesos durante 19 años y medio más. Es claro el negociazo.
Amañado
Ayer el Poder Judicial, por medio de un comunicado, reveló la identidad de los socios ganones, refirió haber emitido el fallo, pero no lo hizo público.
Así que por ahora no se puede saber completo el alcance de los contratos asignados, mismos que se firmaran en junio –aunque se tienen los parámetros de la autorización de la legislatura y las convocatorias para las licitaciones públicas–, el marco del negocio es conocido. Faltaría saber si hay modificaciones en los montos totales y pagos mensuales, también si hubo otros participantes y cuáles fueron sus ofertas técnicas y económicas, y cómo los batearon.
Asimismo no se conoce el dictamen que hizo el Comité de Licitaciones del Poder Judicial (obviamente bajo las instrucciones del magistrado presidente Edel Álvarez Peña), el responsable de la evaluación de las propuestas y de fundamentar el fallo.
En su simulado concurso, pretenden escudarse en un despacho que contrataron (Deloitte Asesoría Financiera), supuestos expertos internacionales “que supervisan el cumplimiento de requisitos de las bases generales”, de estos no podría esperarse tampoco “autonomía”, ya que el Poder Judicial les adjudicó de manera directa un contrato de asesoría por 2 millones 460 mil pesos; así, cómo no firmarían de conformidad.
Cuando se conozcan el dictamen, fallo y contratos, servirán solo para referencia de las obligaciones desproporcionadas a largo plazo que le han clavado al presupuesto del estado. El negocio con los Ruiz va… hasta ahora. No vayan a perder las elecciones en julio y les venga una revisión a fondo de las operaciones claramente amañadas.
A la vista de todos hacen el gran negocio de la construcción de las ciudades judiciales bajo el esquema de asociación público-privada. Sin duda de los más lucrativos del bienio.