Asuntos Públicos – Sistema anticorrupción, inútil

Eduardo Coronel Chiu

Sistema anticorrupción, inútil

El combate a la corrupción en el país y en Veracruz tendrá que esperar mejores tiempos para disponer de mejores soluciones e instrumentos.
Agotado el ciclo de los actuales gobiernos, federal y del estado, ambos concluyen el 30 de noviembre próximo, queda sin atacar de fondo el problema de la corrupción, el saqueo impune de las arcas públicas y el uso del poder colectivo en beneficio privado, causa de encarecimiento de los costos de gobierno, los servicios públicos y privados, así como de desigualdad social.
Los beneficiarios de la corrupción, la clase política, burocrática y empresarial, permanecen en su mayoría sin sanción, los castigados son apenas unos pocos, y eso por razones de escarmiento público por excesos inocultables o por errores o rivalidades y venganzas políticas personales o de grupo, justicia selectiva en vez de justicia institucional.
Una de las peores herencias que dejan es el inoperante Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción. Originado en la cúpula del gobierno central para mitigar los costos de señalamientos documentados de corrupción en la esfera de la Presidencia de la República y gabinete, en 2015 echaron a andar una reforma “anticorrupción”, una enmarañada red normativa, desde la Constitución hasta diversas leyes secundarias para integrar a las instituciones relacionadas con la prevención y sanción administrativa y penal, de la que resultó un mecanismo burocrático de fachada y simulación además inoperante, el Sistema Nacional Anticorrupción, y sus réplicas obligadas en los estados de la república.
Algo tendrán que hacer los nuevos gobiernos para responder a las demandas de los sectores sociales y ciudadanos de combatir la corrupción, prevenir y sancionar las conductas ilegales de funcionarios del estado de todo rango y particulares en el uso para su beneficio personal de los recursos públicos, acabar con la impunidad, la simulación y la ausencia de un estado de derecho. Lo que sí parece muy claro es que el sistema anticorrupción no es la solución; las relaciones de poder, jerarquías y complicidades de sus integrantes en paralelo definen un sistema de encubrimiento y la mega estructura diseñada queda en un inoperante elefante blanco.
El sistema cómplice en Veracruz
Una vez homologada la legislación del estado al esquema federal, el sistema estatal anticorrupción (SEA) ha comenzado a integrarse en los nuevos “órganos”. Hace unos meses se creó el Tribunal de Justicia Administrativa, y en diciembre pasado se designaron sus 4 nuevos magistrados, de los cuales 3 se los repartieron entre el gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña; aquel colocó a su ex secretario particular Pedro García Montañez como presidente, mientras que Edel puso a su amiguita Luisa Samaniego Ramírez, y de común acuerdo premiaron a una juez, Estrella Iglesias Gutiérrez, que les dio servicios en los procesos a los enemigos políticos; el restante magistrado se lo adjudicaron los del grupo priista: Roberto Pérez Gutiérrez, un ex colaborador en el ayuntamiento de Xalapa del actual presidente estatal del PRI, Américo Zúñiga, su cuota para avalar el paquete de nombramientos de magistrados en el Congreso.
“Los ciudadanos” (dóciles)
Este año siguieron con dos órganos para el simulacro. La Junta de Coordinación Política, dominada por el grupo del PAN-PRD, correas de órdenes del gobernador en la legislatura, lo que crea vicios de origen, nombró con la aprobación del pleno a 9 personas, la mayoría desvinculados de la vida pública, para el comité de selección de la participación ciudadana, un grupo reclutado ante el desinterés ciudadano de formar parte de dicho comité, además terminaron con desacuerdos sobre la selección de los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana que ayer rindieron protesta. Este Comité de Participación Ciudadana es otro de los simulacros para dar la apariencia de que los “ciudadanos” están presentes en el Sistema Estatal Anticorrupción. Los designados son un contador de no muy buena reputación en Xalapa, Sergio Vázquez, que será el presidente de ese Comité y como tal presidirá el “Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción” y propondrá al secretario ejecutivo. Vázquez –nombrado por un año–, ha sido del grupo del ex contralor del estado de Javier Duarte, Iván El Burro López, e intentó llegar al Orfis, pero Arturo Bermúdez, el ex secretario de Seguridad Pública, hoy en prisión, inclinó la balanza por su entonces amigo Lorenzo Antonio Portilla. Al flamante presidente del Comité de Participación Ciudadana le recuerdan en el ayuntamiento de Xalapa por un dictamen de auditoría mal hecho de contribuciones al IMSS, que les costó un millón y medio de pesos adicionales para arreglar omisiones y multas.
Va en el grupo “ciudadano” Emilio Cárdenas Escobosa –designado para dos años–, quien ha sido colaborador de priistas, algunos de ellos incorporados al yunismo panista, de donde algunos suponen le llegó ahora la recomendación. Emilio arribó con expectativas multimillonarias y se aventó con estimaciones de hasta 100 millones de pesos para la operación del comité en 2019, está soñando que en Veracruz desborda el dinero; también nombraron, para tres años, a Alma Delia Hernández Sánchez, comunicadora con antecedentes laborales en seguridad pública y Comunicación Social del Gobierno del Estado en época de Duarte y Fidel Herrera; al presidente de la Canaco de Veracruz, Jesús Muñoz de Cota, para 4 años, y a Mercedes Santoyo Domínguez, ingeniera bioquímica con un antecedente en la Unidad de Transparencia de la UV, hermana de un encuestador electoral ligado al PAN.
El resto del “sistema cómplice”
Además del presidente del Comité de Participación Ciudadana, son integrantes del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción el titular del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, fiscalizador cuestionado por servir al grupo en el poder cuando lo está –exoneró al grupo de Duarte, descubrió y denunció irregularidades multimillonarias hasta las empresas fantasmas, hasta que cayeron–, hoy al servicio del gobernador Yunes; el Fiscal Anticorrupción (por nombrar, a propuesta del gobernador), el contralor general del estado (empleado del gobernador), un representante del Consejo de la Judicatura (controlado por el compadre Edel Álvarez Peña), el presidente del IVAI –la acomodaticia Yoli García, gente de Gabriel De Antes, ahora subordinada al PAN y al gobernador–; y el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (el ex secretario particular del gobernador Yunes).
Todo este aparato de farsa no debería costar un peso más a los veracruzanos.