Asuntos Públicos – Ocultan contratos del negocio de ciudades judiciales

0
72

Eduardo Coronel Chiu

Ocultan contratos del negocio de ciudades judiciales

Atrincherado en el Poder Judicial ahora que dejó de ser gobernador su compadre y socio Miguel Ángel Yunes Linares, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Edel Álvarez Peña, oculta los contratos de asociación pública y privada –equivalentes a deuda pública– para construir 20 ciudades judiciales, un negocio de hasta 5 mil 100 millones de pesos, pagaderos en 25 años, adjudicado a un grupo de empresas vinculadas al ex gobernador.
Pese a que el calendario de la licitación simulada estableció que los contratos marco de asociación público-privada debían firmarse el pasado 28 de mayo como fecha límite, el Consejo de la Judicatura se niega no solo a proporcionar el acceso a dichos contratos, sino que ha reservado ese expediente como confidencial, por un plazo de un año.
Como se recuerda, desde finales del mes de abril, el Consejo de la Judicatura comunicó el fallo en favor de un grupo de 6 empresas, un “conglomerado donde figuran como ejes la Asociación de Compañías Constructoras (ACCSA) y Constructora y Promotora Malibrán, ambas controladas por los herederos de Valentín Ruiz Ortiz (los hermanos Ruiz Anitúa), una operación bajo sospecha de favoritismo, dada la antigua y vigente relación de negocios del ex gobernador Yunes con esta familia, no por casualidad son los mismos que recibieron de su gobierno el año anterior prórrogas anticipadas por 30 años más de las concesiones carreteras para el libramiento Plan del Río y Veracruz-Cardel, sin trasparencia en las contraprestaciones para el Gobierno del Estado.
Top secret
No hay una justificación legal para que a más de 6 meses de haberse emitido el fallo, el Consejo de la Judicatura pretexte para no revelar los contratos que aún no han sido concluidos. En su respuesta negativa a la solicitud –violatoria de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública– emitida el pasado 15 de noviembre, exponen un acuerdo para la reserva y confidencialidad del expediente por el término de un año: “por tratarse de proyectos que consisten primordialmente en puntos de vista emitidos por los servidores públicos que participan en su elaboración y que versan sobre diversos puntos, entre los que se encuentran las obligaciones de las partes, montos, plazo, y demás condiciones que son necesarias para la ejecución de los proyectos de creación de infraestructura, y que por lo tanto será hasta que las partes acuerden las condiciones y términos en las que se obligan mediante la forma de los contratos aludidos, que se encontrará finalizado el proceso de deliberación propio para su realización, dado que hasta esta fecha no se ha llevado a cabo”.
Es claro el propósito de ocultamiento de los contratos multimillonarios; evitar que se conozcan los detalles del negocio, que no se duda es de los más corruptos y redituables del bienio para la banda Yunes-Edel-Ruiz Anitúa.
El esquema de atraco prolongado
La pasada Legislatura del Estado dominada por el PAN, con la complicidad del PRI y otras bancadas menores, con la oposición de los diputados de Morena, aprobó el marco general del negocio del ex gobernador Yunes y el Magistrado presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña. El primer acuerdo del año pasado y la “rectificación” a principios de este año autorizó al Poder Judicial para contratar la construcción de 21 ciudades judiciales, bajo el esquema de la Asociación Pública y Privada, obligaciones financieras equiparables a deuda pública hasta por un monto de 5 mil 100 millones de pesos, más IVA, con garantía de las participaciones federales y el aval del Gobierno del Estado, así como amortizaciones en favor de los “socios” inversionistas durante 25 años. Los parámetros de inversión privada son de hasta un monto de 1,301 millones de pesos en total para edificar, equipar y mantener conjuntos de oficinas para el Poder Judicial; mientras que esta institución, con cargo al presupuesto público, pagará en mensualidades hasta 240 millones de pesos cada año, más el ajuste inflacionario. La cuenta que detecta el negocio es simple. Divídase el monto de la inversión entre las amortizaciones anuales, de donde resulta que los socios de Yunes y Edel recuperan su capital en un máximo de 5 años y medio, pero recibirán utilidades equivalentes a casi 4 mil millones de pesos durante 19 años y medio más.
Para el nuevo gobierno y Congreso
En el mes de agosto pasado, ya como gobernador electo, Cuitláhuac García advirtió la alerta de corrupción en la construcción de ciudades judiciales, entonces se comprometió a revisar los contratos de asociación pública-privada para verificar cómo se hicieron, si hubo “moches” y conflicto de interés.
Las presunciones y sospechas de negocio pueden con facilidad convertirse en certezas de complicidades y favoritismo, beneficios para los que otorgaron los contratos y sus socios constructores, y la carga de la deuda al patrimonio del estado durante 25 años. Su apariencia de legalidad y conveniencia financiera es muy frágil. Es la hora de recuperar el tema desde el Poder Ejecutivo, pero también desde el Legislativo, que lo enfoque la Comisión de Vigilancia del Congreso.
Registro de deuda
Hace unos días que aparecen en el Registro Único de Deuda y Obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 10 operaciones inscritas que tienen al Poder Judicial como deudor u obligado por un monto total de 746.3 millones de pesos, lo que sería en todo caso solo una parcialidad del total del endeudamiento. Debe ser aclarado este monto como el cambio de acreedor. Aunque el origen de la obligación es por concepto de Asociación Público-Privada, extrañamente el acreedor es “Desarrolladora CJEV II, SAPI de CV, empresa que no participó en la licitación de las ciudades judiciales. Ese cambio de socio tendrían que explicarlo los del Poder Judicial, pero seguramente es información clasificada.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here