Asuntos Públicos – Liberan a duartistas, acorralan a fiscal Winckler

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Eduardo Coronel Chiu

Liberan a duartistas, acorralan a fiscal Winckler

Si en política no existen las casualidades o coincidencias, como dice el aforismo popular, solo con ingenuidad podría creerse que las recientes liberaciones de tres ex funcionarios de la administración de Javier Duarte sujetos a proceso penal (más las que siguen), no están relacionadas con el cambio de poder en Veracruz, el ascenso del partido Morena, y particularmente con el objetivo de destituir al Fiscal General Jorge Winckler, herencia del grupo recién desalojado que encabezó el panista Miguel Ángel Yunes Linares.
Esta semana han sido excarcelados, no absueltos, sino para seguir sus procesos penales en libertad, el lunes el ex tesorero Mauricio Audirac, el ex director de la CAEV, Francisco Valencia, el martes, y ayer el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, todos acusados de desvíos de recursos públicos, pero Bermúdez además imputado por el delito de desaparición forzada de personas, como cabeza de corporación; No sería casual que la juez de control, Alma Aleida Sosa Jiménez dependiente del Poder Judicial del Estado, la misma que en el anterior gobierno decretó para los procesados la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, ahora, con un nuevo criterio, incluso en revisión de sus propios actos, les otorgó el beneficio de enfrentar su juicio en libertad.
Justicia, subordinada al poder político
No se ignora que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes utilizó la Fiscalía General a cargo de Jorge Winckler como un instrumento para la aplicación selectiva de la acción penal con fines de legitimación, presentar a los capturados como corruptos e incluso criminales –como sería el caso de Bermúdez y otros procesados–, y también como recurso de propaganda en la promoción electoral que hizo de su hijo como candidato fallido a gobernador del Estado. Pero también son hechos conocidos que en el sexenio de Javier Duarte se produjo en el estado un saqueo a gran escala de los recursos públicos para el enriquecimiento de él y su banda, y que en ese mismo periodo se disparó junto con la delincuencia la desaparición forzada de personas, en las que en muchos casos participaron elementos de las policías del estado, presumiblemente involucrados hasta los altos mandos.
La imbricación o mezcla de las dos situaciones, característico del modo en que funcionan los sistemas de procuración e impartición de justicia –como el de Veracruz–, subordinados al poder político, dificulta distinguir en lo general las responsabilidades de los servidores públicos imputados; pero en los tres casos mencionados, el proceso penal no ha concluido, como erróneamente algunos interpretan. Ninguno de ellos tiene al momento una sentencia absolutoria –rige, como para todos, la presunción de inocencia–, pero habrá que agotar la fase del juicio y desahogo de pruebas para que el juzgador determine la responsabilidad penal o la libertad definitiva.
El objetivo Winckler: dos carriles
No es novedad que el actual grupo en el poder del estado, el partido Morena, mayoría en el Congreso local desde el mes pasado y del Poder Ejecutivo a cargo de Cuitláhuac García a partir del 1 de mes en curso, busque los cauces para deshacerse del Fiscal General, designado para 9 años por el grupo político antecesor. Incrustado como pieza del blindaje del ahora ex gobernador Miguel Ángel Yunes, Winckler es la última barrera para el desmantelamiento del antiguo régimen adversario. En el Poder Judicial, Edel Álvarez Peña –socio y cómplice de Yunes– ya dio signos de capitulación y cambio de chaqueta (una vez más) con el viraje de su juez de control, facilitando el blanco de tiro hacia el Fiscal.
La remoción de Winckler –renuente a renunciar– está en la agenda del Congreso; el grupo legislativo de Morena, resonado con especial interés las demandas de juicio político en su contra, presentadas por varios a los que ha acusado penalmente o por algún afectado económicamente en la administración de Yunes. Este carril tenía como tope la condición procesal de que, aunque en el congreso moreno dictaminara la procedencia del juicio, el Poder Judicial debe emitir la sentencia de destitución, pero al parecer el obstáculo gordo –Edel– ya habría quedado resuelto.
El otro carril elegido por Morena es la hostilización al fiscal Winckler y el clima de rechazo atizado en la opinión pública. La línea golpeadora encabezada por Eric Cisneros desde la transición, pero intensificada en los primeros días como secretario de gobierno, llegó ayer hasta el propio gobernador Cuitláhuac García. Pese a exhibir ambos una tremenda ignorancia jurídica, no justificable por su formación, el primero agrónomo y el segundo ingeniero mecánico, en su propósito por deshacerse de Winckler presentan argumentos precarios para la figura de altos funcionarios del estado.
El gobernador Cuitláhuac García, en su breve comunicado de ayer donde imputa complicidades de Yunes y Winckler para negociar la liberación de los duartistas, habla de condenas pactadas para darles libertad, cuando el proceso penal no ha concluido, ignorando que la determinación del cambio de medida cautelar la otorgó un juez del Poder Judicial, no de la Fiscalía, que el delito de desaparición forzada “no es grave”, entre otros.
No parece coincidencia tampoco que el actual Gobierno del Estado tome como verdades las acusaciones que ahora hacen de “tortura” y “arreglos” los duartistas procesados.
También llamó la atención que Cuitláhuac pretenda inaugurar su propia consulta al “pueblo”, convocó ayer a la sociedad veracruzana a manifestar si desea que permanezca en el cargo Winckler o que se vaya –sin precisar cómo haría la consulta, ¿aplicaría la ley de la materia?–, como si ese fuese un procedimiento legal para removerlo.
Contrastó el tono hostil contra Winckler con las reservas para excusarse de asistir al desayuno al que lo había invitado Edel con el Poder Judicial, hasta comprobar si había participado en los “hechos aberrantes”, apenas un golpe aparente, como escena de lucha libre.
Al final de cuentas el asunto del Fiscal no es un tema de justicia, se reduce al control político del aparato punitivo del estado y a la eliminación de los elementos del grupo político perdedor de las elecciones. En los próximos días habrá más escenas en las dos pistas.

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