Asuntos Públicos – Ajuste a los sueldos, la resistencia

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Eduardo Coronel Chiu

Nada duele más que un golpe al bolsillo, cartera, cuenta bancaria o cheque de nómina. La Austeridad Republicana, una de las banderas y políticas públicas del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la cual tiene una de sus vertientes en la reducción de sueldos a los altos funcionarios del estado, “nadie ganará más que el presidente de la república”, y él ya decidió ajustarse a solo 108 mil pesos al mes, llegó ya en su adaptación veracruzana. Visto el revuelo y la resistencia que tiene este tema en el plano nacional es previsible la próxima aparición local de reacciones similares.
Tenida la Austeridad y el Combate a la Corrupción, como los ejes del modelo de financiamiento del gasto –con los ahorros en sueldos y gastos superfluos o innecesarios, se cubrirán programas sociales y se mejorarán los sueldos de los niveles inferiores de la burocracia–, además de símbolo del cambio de régimen hacia la justicia popular, “no más un gobierno rico y un pueblo pobre”, se entiende la promoción personal como cruzada que de este tema realiza el propio presidente López Obrador.
En la batalla hemos visto en estos días la exhibición de desmesurados ingresos de algunos nichos del privilegio; como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remunerados con más de 400 mil pesos al mes –quizá no los 600 mil que le atribuye AMLO–, “un sueldo que no tiene ni Trump”, “son los mejores pagados del mundo”; y hasta los desplantes ostentosos del magistrado federal en Veracruz –cava, puros, ropa de marca y autos de lujo–, bautizado en redes como Lord Ministro, todo un fifí de la Judicatura.
También como reacción hemos visto la protesta nacional de los magistrados y jueces federales, en la defensa de sus jugosos sueldos y la independencia y autonomía de poderes, el sistema de pesos y contrapesos protege también los pesos del Poder Judicial; asimismo una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Corte por senadores de oposición (PAN-PRI-PRD-MC) contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual mereció, al admitirse, se concediera la suspensión hasta en tanto no se resuelva el fondo, así como varios miles de demandas de amparo contra esa ley, sobre todo de personal del Poder Judicial y de organismos constitucionales autónomos. Pese a que por efecto de la suspensión concedida, dicha ley no podría tomarse como base para formular el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, los diputados de Morena de cualquier forma dicen que encontraran como hacerla efectiva, que el recorte va. A ver hasta dónde.
Lo cierto es que la Constitución Política del país hasta ahora, efectivamente, no permite la reducción de sueldos para los principales niveles del Poder Judicial federal. El artículo 94 constitucional dispone que “la remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”. En todo caso, le podrán topar las remuneraciones a los que nombren a partir de la vigencia de la polémica ley.
Austeridad y recorte en Veracruz
de las dos iniciativas de ley enviadas por el gobernador Cuitláhuac García al Congreso del Estado, a las que ayer dieron entrada y turno a comisiones, la ley de de Austeridad y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos –al igual que en el plano federal–, será ésta última la que provoque resistencias y no se duda demandas y juicios de amparo para impedir su aplicación.
En lo general la iniciativa del gobernador sigue los lineamientos de su homóloga federal, pretende regular las remuneraciones que reciban todos los servidores públicos del estado. Todo el sector público: incluye explícitamente todo el sector público, estatal y municipal; los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial–, las administraciones municipales, organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, sociedades y asociaciones asimiladas a estos, fideicomisos; y también aplica a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución del Estado otorga autonomía: la UV, el Orfis, el OPLE, el IVAI, los tribunales Electoral y de Justicia Administrativa, la Comisión de Periodistas, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos. Ninguna se escapó de la pretensión de recortar y limitar las remuneraciones. Aunque para establecer el tope máximo se menciona al Presidente de la República, el referente, por ser la más baja, será la remuneración fijada en el Presupuesto de Egresos para el gobernador del estado. “Ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni para el gobernador del estado…”
Como Cuitláhuac García anticipó que ganará 57 mil pesos al mes como gobernador, la vigencia de la ley que mandó al Congreso local pondrá de puntas a no pocos servidores públicos, no del Ejecutivo que llegan con Cuitláhuac, ni del Legislativo, que verán con envidia lo que cobraban sus antecesores revelados en 240 mil pesos mensuales en total –incluidas sus dietas y comisiones–; sino de los organismos autónomos. En estos hay sueldos superiores a los 150 mil pesos al mes en la Universidad Veracruzana, al igual que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa ($167 mil 071), próximos a los 140 mil mensuales los consejeros del OPLE ($138 mil 697), de casi 130 mil mensuales el auditor del Orfis ($127 mil 532). Los magistrados del Poder Judicial con percepciones redondeadas en 200 mil pesos mensuales, tienen el privilegio protegido. El artículo 116 de la Constitución de la República (fracción III), en su último párrafo dispone: “Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Por eso la sonrisa de Edel. El bajón aplicaría a los magistrados de nuevo ingreso, los 12 que serían nombrados en el proceso recién abierto para cubrir las vacantes en el Poder Judicial. A ver si no se retiran muchos de los aspirantes que iban por la zanahoria de 200 mil al mes que se les convertirá en una pepita de 52 mil pesos mensuales. Ser siervo de la nación en tiempos de austeridad republicana de la cuarta transformación es solo para iniciados, místicos, cruzados e iluminados. Falta ver si hay alguna modificación en la iniciativa; debe aprobarse antes del Presupuesto de Egresos, es decir, ya.
A ver quiénes se quedan conformes con el achicamiento del salario o demandan amparo contra la rasurada a los sueldos.