Asuntos Públicos – La jueza y el campo de poder

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Eduardo Coronel Chiu

Como la actuación en los recientes tres años de la juez de control en el distrito de Pacho Viejo, Alma Aleida Sosa Jiménez, solo se entiende en el contexto político, igual sentido tendría que buscarse para su repentino cambio al recóndito juzgado de Ozuluama.
Su caso ilustra sobre el funcionamiento real de los poderes del estado y los servidores públicos en Veracruz. A través de los resultados de sus resoluciones puede observarse un campo de poder donde refleja la subordinación y colaboración del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en cierto momento, la conocida relación política entre el magistrado Edel Álvarez Peña y Miguel Ángel Yunes Linares en los dos años del gobierno de éste: como caja de cristal su juzgado muestra los intereses en juego de los participantes, fiscales, gobernador, presidente del Poder Judicial y acusados, y por supuesto, el espacio propio de la jurisdicción penal.
Como instrumento del presidente del Poder Judicial, magistrado Edel Álvarez Peña, entonces socio y cómplice del gobernador Yunes, Alma Aleida tuvo un rol clave para validar, como juez penal de control, el encarcelamiento por motivos políticos mezclados con corrupción de ex funcionarios duartistas, pero también para marcar el viraje, la liberación de varios de ellos, en los primeros días de diciembre, al cambio de condiciones de poder.
Antes y después
En el primer tramo, el bienio de poder de Yunes, Alma Aleida –entre otros jueces de control– facilitó el trabajo de la fiscalía a cargo de Jorge Winckler, obsequió órdenes de aprehensión, avaló la legalidad de las detenciones y dictó como receta medidas cautelares de prisión preventiva de cuando menos un año.
Independiente de la probable responsabilidad de los acusados, los presuntos saqueadores del duartismo, criminales uniformados e implicados en desapariciones forzadas, mantenerlos en prisión contribuyó a la campaña de propaganda de Yunes para legitimar su gobierno y proyectar su permanencia, lo que al final no le resultó. Pero la juez de control Alma Aleida cumplió su consigna de este periodo con diversos ex funcionarios, entre ellos apergolló al ex gobernador interino Flavino Ríos, el ex secretario de seguridad Bermúdez y su estructura, al Messié, al ex secretario de Finanzas Mauricio Audirac, al ex de la CAEV, Francisco Valencia; al grupo de la Fiscalía, al ex fiscal General Luis Ángel Bravo, a la ex de investigaciones ministeriales, Rosario Zamora, La Chacala y al ex director de periciales, Gilberto Aguirre.
Al segundo acto, a partir del cambio en el Poder Ejecutivo, pero bajo el mando del mismo jefe, Edel Álvarez, en el Poder Judicial, se transformó la juez Alma Aleida. Sus resoluciones a partir de diciembre modificaron no solo la situación personal de varios acusados a los que liberó, sino la percepción de la justicia y de un reacomodo de intereses al cambio de poder. El primer día hábil, 3 de diciembre, abrió las rejas a Mauricio Audirac, el martes a Francisco Valencia y el miércoles soltó a Arturo Bermúdez, les cambio la medida cautelar de prisión para permitirles seguir sus procesos en libertad, los dos primeros acusados de enriquecimiento y desvíos, y el tercero, además de delitos contra el patrimonio del estado, por desaparición forzada de personas.
Hipótesis del viraje
El gobierno de Cuitláhuac García tomó la liberación de los duartistas como un arreglo del fiscal Winckler con los procesados, o bien como resultado del deficiente trabajo de integración de investigaciones, no se sabe si se lo creen o solo lo aprovecharon para intensificar la ofensiva con el objetivo de quitar a Winckler de la Fiscalía. Esto coincidente con una campaña de medios de los acusados presentándose como “víctimas”.
Como el más perjudicado con las liberaciones fue la Fiscalía, pese a que el proceso penal no ha terminado, no parece racional la versión anterior. Otra vertiente es que el presidente del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, cambió su juego –no hay lealtades para quien deja el poder–, sea con los nuevos intereses políticos o con el cobro del favor. Movió a su pieza –la jueza– conforme sus nuevos intereses. Tampoco muy creíble es la versión de Edel de que la Juez se fue por la libre, “actuó en libertad y plena jurisdicción” ni la justificación de ella de que “actuó conforme a derecho”.
Consecuencias para el juicio político de Winckler
El exilio de Alma Aleida Sosa al juzgado de Ozuluama se acompañó de un texto sugestivo de justificación de su cambio; menciones al abatimiento de prácticas de corrupción por relaciones de poder resultantes de la permanencia del juzgador y exposición a presiones e intereses que afectan la imparcialidad, como si fuera en afirmativo un recuento de los últimos tres años de su papel como juez de control en Pacho Viejo.
Como nadie cambia voluntariamente Xalapa por Ozuluama, parece una sanción de Edel por haberse ido por su cuenta en la liberación de los duarpillos, aunque también cabe una farsa del propio Edel para aparentar ante Yunes que no estuvo involucrado.
El juicio político contra Winckler es inminente. Se puede anticipar que –de no cambiar el Poder Judicial federal el criterio de desechar juicios de amparo contra actos del Poder Legislativo– el Congreso del Estado declarará en fecha próxima la procedencia del juicio y actuará como instancia de acusación. La consigna del nuevo grupo en el poder, controlar la Fiscalía y remover a las piezas heredadas por el anterior gobernador, obviarán el debido proceso.
La segunda etapa y definitiva del juicio político, la que culmina con la destitución del servidor público, está en manos del Poder Judicial, la Sala Constitucional instruye, a partir de la acusación u expediente del Congreso y el pleno del Tribunal Superior de Justicia emite la sentencia, que no es impugnable.
Entonces, cuando la bola vaya a su cancha, se podrá verificar cuál es el verdadero juego de Edel.