Asuntos Públicos – De fiscales carnales y fiscales en pugna

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Eduardo Coronel Chiu

Sólo en las doctrinas o discursos idealistas se concibe que la acción persecutoria y punitiva del estado condensada en el ministerio público, llámese institución de procuración de justicia o fiscalías generales, como ahora se les denomina, pueda colocarse por encima del sistema de poder en el que está enclavada.
La investigación de los delitos y el ejercicio (o no) de la acusadora acción penal que conduce a la aplicación de penas –y hasta a la impunidad– no solo es la representación social de las víctimas contra los delincuentes, como lo indica su función social, sino también, y con frecuencia, un instrumento del grupo en poder; el ministerio público como una modalidad de ejercer el poder con fines políticos, de modo selectivo para intimidar, atacar a adversarios políticos o para legitimar el poder del gobernante.
La historia abunda en procuradores dependientes y subordinados de presidentes y gobernadores, y en los tiempos recientes, la pretensión de acotar a los Ejecutivos, reducir la discrecionalidad en el nombramiento y conceder formalmente la autonomía.
Pero la realidad se impone. No se separan las esferas de justicia y poder, y sigue como proyecto crear una institucionalidad o conducta normativa más allá de las personas que ocupan los puestos; pese a que previsto en las leyes se constata que no ocurre. No hay neutralidad de los actores políticos, menos en las sociedades reales donde el nombramiento o remoción de los titulares de la procuración de justicia depende de la combinación de poderes Ejecutivo y Legislativo e influencias para tomar la decisión, sean técnicos juristas, académicos o lo que sea, los designados son parte de la camarilla que consigue nombrarlos, tendrán una liga con el grupo en el poder de donde proviene su respaldo para acceder al puesto.
Carnalazos
En los sistemas de elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo, “democráticos”, la distribución de poder o posiciones y si hay gobierno unificado (ambos poderes del mismo partido) o dividido (sin mayorías) condiciona la fórmula de nombramiento de los procuradores o fiscales.
Exige negociación y consensos, mayor grado de autonomía y posibilidad de contrapeso, cuando no hay mayorías y el Poder Ejecutivo no controla al Legislativo. Y a la inversa. La reciente designación de Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal autónomo de la 4T mostró que si un partido controla los dos poderes que intervienen se nombra a quien quiere el jefe del grupo político. Gertz Manero, quien fue secretario de Seguridad del DF con Cuauhtémoc Cárdenas y del Gobierno Federal en los inicios de la presidencia de Vicente Fox, en su nueva faceta es militante de Andrés Manuel López Obrador, incorporado desde la campaña electoral en el consejo asesor para garantizar la paz, AMLO lo nombró encargado del despacho de la PRG-Fiscalía General mientras le tramitó en el Senado su nombramiento. En retrospectiva, se advierte el arreglo previo, de mero formulismo que el Senado haya integrado primero una lista de 30 prospectos, de los cuales AMLO les remitió una terna con el nombre inscrito del que ya tenía laborando.
Este método de nombramiento es el mismo que ha aplicado en todo el país, por la voluntad de los gobernadores en turno, y por supuesto en Veracruz para todos los procuradores de justicia y en la nueva ola para los dos “fiscales generales autónomos”, Luis Ángel Bravo de Javier Duarte y el aún sobreviviente a la alternancia, Jorge Winckler de Miguel Ángel Yunes Linares.
Con el cambio de gobierno, allanados y rebeldes
Las reformas a las constituciones políticas para concederles autonomía formal a las fiscalías y a sus titulares periodos de gestión superiores a los de los actores políticos que los nombraron (por 9 años) crearon situaciones legales de conflicto con la realidad política; los nuevos grupos en el poder buscan controlar los espacios, y dentro de estos ocupar con los suyos las fiscalías, aunque en algunos casos se alineó a los titulares –por ejemplo, en Jalisco, el gobernador de Movimiento Ciudadano, distinto al que nombró al fiscal, lo avaló, o en Puebla (hasta ahora) del mismo partido (PAN)–. En otros 4 estados que tuvieron cambio de gobernador y Congreso se observa otra pauta, en Chiapas y Tabasco, donde los nuevos gobernadores son de Morena, los respectivos fiscales renunciaron al cargo, pese a que les quedaban varios años por delante, optaron por dejar la vía libre al nuevo grupo en el poder –como lo hizo aquí Luis Ángel Bravo a fines de 2016 y ya se sabe cómo le fue, aun sigue en prisión–. En cambio en Morelos y en Veracruz, los fiscales nombrados por grupos políticos derrotados en las elecciones, allá el de Graco Ramírez, aquí el de Miguel Ángel Yunes Linares, decidieron permanecer, como estrategia defensiva, para cuidar las espaldas de sus jefes, enfrentando la embestida del nuevo grupo en el poder, coincidentemente, tanto Cuauhtémoc Blanco como Cuitláhuac García, los gobernadores, son de Morena, partido que también controla las respectivas legislaturas. Con las particularidades de cada caso, el conflicto político y legal es parecido, fiscales y Ejecutivo tienen choque personal abierto, los congresos buscan deshacerse de los fiscales y están enfrascados en juicios de amparo ante la justicia federal. A ver cómo terminan estos juegos de poder y recursos legales provocados por la pretensión ilusoria de la autonomía del ministerio público y su choque con la realidad política.
Por el momento, en la carta solo juicio político
El episodio de ayer fue un revés para el Congreso local y para el objetivo político de remover directamente a Jorge Winckler del cargo de Fiscal General. El juez de distrito en juicio de amparo le concedió la suspensión definitiva en contra de actos del Congreso en la aplicación de procedimientos de remoción anteriores a la fecha de su nombramiento. Como ya se ha comentado, a los diputados de Morena se les fue el ganso, perdieron el tiempo y no ejecutaron cuando tuvieron la oportunidad, divagaron en hacer otra reforma constitucional para removerlo, y ahora que les llegó el ramalazo de la suspensión se quedaron, al menos por una buena temporada, con la carabina de Ambrosio al hombro, están impedidos de iniciar el procedimiento directo de remoción; en ese juicio que podría demorar varios meses, tendrán que esperar a que el juez resuelva el fondo y determine si hay o no violación de derechos en la aplicación retroactiva de la ley.
Pero les queda el juicio político, aunque con la incertidumbre de que los diputados de Morena solo controlan a los sumo la mitad del juego, la fase de instrucción y actuación como instancia de acusación; la otra mitad, la que podría concluir o no con la destitución de Winckler, como es sabido, radica en el Poder Judicial, actuante como instancia de sentencia. Los motivos y la fundamentación realmente no importan a los actores, es un juego de poder con ciertos grados de regulación en la ley.

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