Asuntos Públicos – Rebasados por la delincuencia

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Eduardo Coronel Chiu

No fueron detractores del Gobierno del Estado, ni los que opinan desde el círculo rojo, sino el propio gobernador Cuitláhuac García quien admitió ayer la desventaja contundente de la policía estatal frente a la delincuencia en Veracruz.
En su intervención para la mesa Federalismo y Seguridad Pública convocada por el Senado de la República para recoger opiniones sobre la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, la policía militarizada propuesta por AMLO, aprobada ya en la Cámara de Diputados, el gobernador de Veracruz dejó atónitos a los escuchas: “En el estado actúan más de 6 cárteles y todos ellos superan en capacidad belicosa y armada a la policía estatal de Veracruz”.
Expuesta la tesis para justificar la urgente necesidad de concluir la reforma que legalizará la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, ahora en el Senado como cámara revisora, Cuitláhuac se pronunció por una mayor presencia inmediata de la fuerza federal ante la incapacidad del Gobierno del Estado para garantizar en el corto plazo la protección de las personas. Argumentó la falta de recursos económicos, reducidos presupuestos y deuda pública, que impiden contratar más personal y capacitarlos rápidamente.
Por la guardia militar de AMLO
Sin dejar dudas de su respaldo abierto a la propuesta de AMLO para crear la policía de elite federal con preparación y jefes militares, Cuitláhuac destacó la superioridad militar sobre la policía civil tanto en disciplina como en la ética de servicio, la policía se corrompe y carece de disciplina, así que en su opinión hay que dejar el orden de la Guardia en los “conocedores de la disciplina”, es decir, los militares.
También en su intervención dio algunas cifras de la reducida tropa policiaca local veracruzana, la que dijo, lamentándose, son apenas 5 mil elementos para atender 8 millones de habitantes. Pese la superioridad reconocida de la delincuencia sobre la policía estatal, Cuitláhuac insistió en que los índices delictivos disminuyeron desde el primer mes de su gobierno –aunque es una cifra provisional que se ajustará–, lo que atribuyó a la “coordinación” con las fuerzas armadas de la Federación.
Bajo esas condiciones, la oleada delictiva reflejada en las noticias –ejecuciones, secuestros, extorsiones y robos– en diversas zonas críticas de la entidad, Xalapa ya entre ellas, como Coatzacoalcos, que hoy hace crisis con la decapitación de la empresaria que había sido secuestrada, así como Córdoba-Orizaba, y otras más, justifica pedir la incorporación inmediata de Veracruz dentro de las recién definidas 17 regiones prioritarias del Gobierno Federal en materia de seguridad pública.
Estancias infantiles, corrupción y desamparo
Como en las obras públicas en construcción, el programa federal de apoyo a las madres trabajadora con hijos menores de tres años debe tener puesto el letrero de disculpa por las molestias que le ocasiona la suspensión (dicen que temporal) de los apoyos para guarderías o estancias infantiles.
Como otro de los manotazos contra la presunta corrupción encontrada, AMLO decidió cambiar las reglas del juego del programa operado por la Secretaría de Bienestar, antes Sedesol. Pero ha tenido consecuencias dejar de entregar el dinero del subsidio a las “estancias infantiles”, calificado de negocio de ex funcionarios, familiares y prestanombres y preparar la entrega de 800 pesos al mes directamente a la madres trabajadoras. Generó en todo el país protestas callejeras de empleados de guarderías que dejaron de recibir su sueldo, así como de madres trabajadoras afectadas, aquí hemos visto al menos un par de manifestaciones y el tolerado bloqueo de la vialidad. Todavía no se regularizan los subsidios en su nueva modalidad, supuestamente en eso están, previa depuración del padrón y publicación de sus reglas de operación. Pero mientras tanto, numerosas mujeres padecen por no tener donde dejar a los hijos o por verse obligadas a llevarlos a sitio de trabajo, donde sea que éste se desarrolle.
Rosalba vs Anilú
En paralelo brotan las versiones de las formas de la corrupción y las identidades de los presuntamente implicados. En Veracruz, el delegado de los programas federales de Desarrollo, Manuel Huerta, señaló la existencia de al menos 10 guarderías “fantasma” de las 613 que recibían subsidios, así como niños igualmente inexistentes, entre los 20 mil registrados. Si bien Huerta no dio los nombres de implicados, dado que sería el presidente AMLO quien lo haría, ayer la diputada federal de Morena, Rosalba Valencia, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, le puso el cascabel a la gata: “Se están integrando las carpetas, pero les puedo proporcionar un nombre y ahorita la compañera diputada Anilú Ingram (ex delegada de la Sedesol en Veracruz), ella es una de las implicadas en esta red de corrupción”, acusada de frente, la diputada del PRI, Anilú Ingram, calificó de difamación el señalamiento, exigió pruebas y disculpa pública a su colega, por cierto también veracruzana. A ver en qué termina este tendedero de trapos sucios.