Asuntos Públicos – La toma de la presa Yuribia

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Eduardo Coronel Chiu

¿Cuánto más tardará el Gobierno del Estado en solucionar el problema de la nueva ocupación de la presa Yuribia a manos de ejidatarios de Tatahuiapan y reanudar el suministro de agua a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, cortado desde el pasado domingo?
Luego de tres días de ausencia, apenas ayer acudió un representante del Gobierno del Estado, el subsecretario de gobierno, el tabasqueño Carlos Alberto Juárez Gil; se reunió con los líderes de los campesinos, grupo por cierto identificado con el partido Morena, el cual desde hace varios años encontró la vía del chantaje, el cierre de la llave del agua para forzar al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Coatzacoalcos la entrega de dinero en efectivo, el compromiso de ejecutarles obras y otorgarles otras ayudas en especie.
Supuestamente hubo un cuasi acuerdo entre las partes; según trascendió no habría dinero en efectivo (no al menos reconocido), pero sí obras del gobierno y otros apoyos, además de la promesa de retirar la denuncia penal que presentaron la Comisión Municipal de Agua y el Ayuntamiento de Coatzacoalcos. Sin embargo, hasta anoche no habían liberado la presa, ya que los representantes campesinos argumentaron que antes deberán acudir a la asamblea para que el colectivo decida si aceptan o no el convenio.
La población sin agua de los tres mayores municipios del sur del estado tendrán que seguir esperando, a ver qué dice “la voz del pueblo” de Tatahuicapan.
El estilo pasivo ante la protesta social
La demora en la solución de conflictos sociales, aun cuando impliquen violación flagrante de la ley, la afectación de intereses y derechos de terceros, es ya una característica de los actuales gobiernos de Morena. Los paraliza para actuar como órganos del Estado, su confusa idea del uso del de la fuerza pública, que no distingue entre su aplicación represiva y arbitraria, y por tanto ilegal, de su uso legítimo, necesario y proporcional para preservar la ley y el estado de derecho.
El nuevo grupo gobernante emanado del partido Morena, con AMLO como guía y modelo, y su réplica local, en el Gobierno del Estado, tienen un modo especial, erróneo e ideológico, no jurídico ni de Estado, de entender el uso de la fuerza pública en los casos de protestas sociales o de grupos demandantes que alargan la solución de los conflictos, aun cuando estas protestas afecten derechos, igualmente válidos, de otros ciudadanos, incluso de población numerosa.
A nivel nacional ya son varios los ejemplos. Los más representativos los 18 días que los manifestantes de la CNTE, por un conflicto del sector educativo, obstruyeron las vías del ferrocarril en el estado de Michoacán, causando entre otros problemas cuantiosas pérdidas económicas. Además se les cuenta la pasividad del Ejército ante el tumultuario acopio ilegal de gasolina en el poblado de Tlalhuelipan, Hidalgo, previo a la trágica explosión que dejo más de 110 muertos.
En el estado también se lleva récord; hubieron de transcurrir casi tres meses del actual gobierno para que los manifestantes de Santiago Tuxtla desalojaran en forma negociada el Palacio Municipal. Las protestas y tomas de caminos de los pobladores de Chinameca forzaron la cancelación del relleno sanitario que ya habían decidido construir ahí los intereses de Rocío Nahle y el alcalde de Coatzacoalcos, promovidos por el secretario de gobierno Eric Cisneros. También se cuentan los bloqueos de calles de los afectados por la cancelación del programa federal de apoyo a las estancias infantiles, Y el caso más patético y preocupante, la existencia de grupos de autodefensa en diversos municipios, sobre todo rurales, y los linchamientos a presuntos delincuentes, justicia por propia mano “del pueblo”, no por ello dejan de ser delitos, aunque revelan la ausencia y vacíos del Estado. No se sabe que haya algún detenido por los linchamientos en Soledad Atzompa y Minatitlán.
“Exoneran” a implicados en desaparecidos de Tierra Blanca
No es buena noticia enterarse que un juez federal resolvió no procesar a los 21 implicados en la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca en 2016 por el delito de delincuencia organizada. Pero tampoco significa que se haya caído el caso ni que vayan a salir en libertad. Subsiste el proceso penal por desaparición forzada para 8 ex policías del estado y 13 personas relacionadas con una banda criminal.
El tema es muy mediático. Doloroso para los familiares de las víctimas; vergonzoso para el gobierno de Veracruz; la policía de Bermúdez destacada en Tierra Blanca detuvo a los 5 jóvenes y los entregó a un grupo delictivo que los asesinó y ocultó sus restos en un predio rústico. Ocurrido a principios del último año de gobierno de Javier Duarte, el reclamo de los padres y las evidencias recabadas por ellos mismos, que inculpaban a la policía del estado y la visibilidad que alcanzó en la opinión pública, atrajo al Gobierno Federal y obligó a Duarte y al entonces Fiscal Luis Ángel Bravo a proceder en contra de los elementos del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.
A principio de mes, el gobernador Cuitláhuac García ofreció a nombre del estado una disculpa pública en cumplimiento a una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los implicados en el crimen no la han librado y esperemos que se haga justicia.

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