Asuntos Públicos – Debate sobre seguridad

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Eduardo Coronel Chiu

A su regreso del puente, como tema obligado, se manifestaron los actores políticos que no habían opinado en torno a la crisis de violencia criminal que padeció el estado de Veracruz durante el fin de semana.
Justificado por los hechos diversos que dejaron un crecido saldo rojo de más de 30 homicidios y las escenas de combate armado entre uno de los carteles delictivos que operan en la entidad y las fuerzas del Gobierno del Estado, junto con la Marina y el Ejército, el tema de la seguridad de Veracruz se abordó en espacios públicos nacionales y locales.
El secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, ausente en los medios en los momentos más críticos, aunque seguramente estuvo al tanto de la situación durante los enfrentamientos armados, ayer finalmente dio su versión, que en lo central coincide con lo expuesto por el gobernador Cuitláhuac García.
¿Situación bajo control?
Para Durazo –como lo dijo hace unos días Cuitláhuac–, la situación de seguridad está controlada y los estallidos de violencia son reacciones del crimen organizado. Además precisó que en la entidad “hay una pugna entre organizaciones criminales”. Asegura Durazo que “están acotando y limitando la capacidad operativa de estas organizaciones, y se encuentran en “proceso de debilitamiento”, por lo que espera que “concluyan próximamente de manera exitosa”. Respaldó Durazo al gobernador Cuitláhuac, reconociendo que está haciendo un esfuerzo muy importante por acotarlos y que avanzarán conjuntamente para presentar buenos resultados. Mencionó dos principales vertientes de la estrategia, por un lado la contención por medio de la fuerza pública de los delitos de mayor impacto, y por el otro, el combate a las finanzas de los delincuentes, con medidas como el congelamiento de cuentas.
A la prueba de los hechos, esperamos que estén el camino correcto y que efectivamente la situación, aunque no lo parezca, esté bajo control.
Agua a su molino
En el Senado, se les metió el ex gobernador Miguel Ángel Yunes por medio de su protegida, la senadora del PAN, Indira Rosales, descubriendo hasta ahora el grave problema de inseguridad de Veracruz, el que no vio cuando era empleada del entonces gobernador Yunes. Con evidente oportunismo la senadora yunista aprovechó políticamente la preocupación real de la sociedad por la oleada delictiva y de los senadores, para que se aprobara ayer un punto de acuerdo que pide cuentas a Cuitláhuac. Dicho acuerdo, que no obliga al gobernador pero busca exhibirlo, lo exhorta a que “de manera pormenorizada, explique públicamente cuál es la estrategia que se está implementando en ese Estado para combatir la inseguridad”. Sin percatarse de la politización del tema de la seguridad, hasta la senadora de Morena, Gloria Sánchez, aprobó el punto, suponemos que por la fuerza de los hechos violentos, no sin mencionar que el gobernador hace su mejor esfuerzo en la tarea de seguridad.
Por otro lado, en la Legislatura del Estado hubo otra coincidencia no exenta de implicaciones políticas, sobre el nombramiento posible de un comisionado federal para la seguridad pública del estado. Ignorando que la designación central de un comisionado –el procedimiento ideado en el gobierno de Peña, para controlar la seguridad por encima del gobernador de Michoacán, que luego fue removido– significa reprobar al mandatario estatal y a su secretario del ramo, el líder de la bancada de Morena, Javier Gómez Cazarín, se pronunció a favor. En cambio no sorprende la oportunista intervención del diputado local del PAN, Sergio El Bailador Hernández, para clamar por un comisionado federal para la seguridad. Al igual que Indira, Sergio El Bailador se acaba de percatar de la inseguridad en Veracruz.
Con términos coloquiales poco afortunados, otra vez el delegado federal de programas sociales de desarrollo, Manuel Huerta, calificó de una “vacilada” pedir un comisionado federal de seguridad. Funcionan las “Yalitzas”, pero los comisionados son una vacilada; dicen que lo que quiso decir Huerta es que como ya viene la Guardia Nacional como propuesta de la 4T para atender el problema, los comisionados ahora son un figura “caduca”.
En el contexto de la búsqueda de responsables el gobernador Cuitláhuac García y su secretario de Gobierno, Eric Patrocinio, abrieron de nuevo la línea de fuego contra el fiscal Jorge Wincler, el que les heredó Miguel Ángel Yunes, al cual no pudieron remover en los juicios políticos fallidos en el Congreso del Estado. En lo que se vislumbra una segunda vuelta o revancha, acusan a Wincker (y al ex gobernador) de haber pactado para no detener a ciertos integrantes de un grupo delictivo, imputación refutada por Winckler, quien negó ser omiso en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, que se lo prueben, dice, además de que valorará ejercer acciones legales por difamarlo. En medio de la crisis de seguridad la lucha política por imponer la interpretación de responsables y actuaciones, así como por las posiciones institucionales, no se detiene.