Asuntos Públicos – La nueva deuda pública

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Eduardo Coronel Chiu

Con el excesivo endeudamiento en que incurrieron el Gobierno del Estado y los ayuntamientos en el pasado reciente, sin que se tradujera en inversiones públicas productivas tangibles, y sí en cambio en presunciones de desvíos, con varios créditos recibidos y esfumados, así como en elevados pagos de intereses que pusieron en riesgo la estabilidad financiera, el tema de la deuda pública se volvió crítico en Veracruz.
En tres sexenios, a partir de 1998 a 2016, el Gobierno del Estado pasó de 0 deuda pública con que terminó el ya remoto gobierno de Patricio Chirinos, a tener pasivos de largo plazo de hasta 40 mil millones de pesos.
La feria de la piñata registra 3 mil 500 millones de pesos contraídos al cierre del gobierno de Miguel Alemán Velazco en 2004; cifra que ascendió a 10 mil millones en 2010 a la conclusión de Fidel Herrera Beltrán, que inició con la bursatilización de ingresos y remató con créditos directos, hasta el disparo en el periodo de Javier Duarte con más bursatilizaciones, supuestas reestructuras que no lo fueron, y saqueo de créditos, cuyos pasivos en 2016 alcanzaron casi los 40 mil millones de pesos, una debacle que lastra aún la capacidad financiera del Gobierno del Estado. El gobierno de Miguel Ángel Yunes (2016-2018) no redujo la deuda, aumentó ligeramente a casi 42 mil millones, en cambio la reestructuró y tomó las comisiones para lanzarla todavía a mayores plazos, ahora hasta de 20 años en promedio.
La actual administración
Por eso el uso del crédito público en el gobierno de Cuitláhuac García recibe gran atención. Se le ha dado seguimiento a las disposiciones crediticias ejercidas en el mes de diciembre, 2 mil 500 tomados de la banca comercial de una línea de 4 mil 500 millones de pesos, para atender los problemas de liquidez, así como 3 mil 65 millones de adelantos de participaciones del Gobierno Federal, fondos con los que cubrieron los gastos del mes de diciembre y crearon la pequeña reserva para arrancar el año.
En ese contexto el gobernador acaba de presentar al Congreso del Estado una solicitud de autorización, armada por la Secretaría de Finanzas, para obtener créditos de hasta 1 mil 650 millones de pesos para el Poder Ejecutivo y de hasta 6 mil millones de pesos para los 212 ayuntamientos del estado.
Financiamiento sano
A diferencia de otros créditos u obligaciones, el mecanismo planteado para este financiamiento no lleva una carga adicional para el Gobierno del Estado ni para los ayuntamientos. El instrumento que aplicarán permite recibir vía créditos hasta el 25 por ciento de los recursos federales que serán transferidos en los próximos años en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para Municipios (FAISM) y el Gobierno del Estado (FISE), garantizando su pago con dicho fondo.
Ese tipo de financiamiento no es nuevo, lo han usado con regularidad las administraciones municipales; lo suscriben al inicio para liquidarlo a su conclusión; aunque que se sepa es la primera ocasión que utiliza el Gobierno del Estado.
Tan importante como la garantía de pago, asociada a los fondos federales, es el destino de los créditos que deben aplicar a inversiones productivas en beneficio de población de pobreza extrema en localidades de alto nivel de rezago social o para zonas de atención prioritaria de desarrollo social.
Las reglas de operación del fondo en cuestión tienen un catálogo de obras a las que se deben destinar los recursos, tales como agua potable, alcantarillado, urbanización, electrificación, mejoramiento de la vivienda, etc., con declaración expresa en el criterio de selección de los beneficiarios, las áreas que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema.
Vigilarlo
El financiamiento, dada su fuente de pago, no presentan riesgo de aumentar la carga de la deuda y sí la ventaja para el Gobierno del Estado y los municipios de poder anticipar la realización de las obras para la población más necesitada. En todo caso lo hay que vigilar es la contratación y aplicación del crédito, a fin de que no ocurran situaciones de corrupción, lo que supone verificar las condiciones en que se contratarán, así como que las obras se adjudiquen y ejecuten con trasparencia, legalidad y eficacia. Que no retocen en el haz obra que algo sobra.
Se espera lo aprueben
La iniciativa del gobernador al Congreso para los nuevos créditos se remitió a comisiones para dictamen; el cual debe ser aprobado por el pleno en votación de mayoría calificada. Como van todos los ayuntamientos, de los distintos partidos políticos en el paquete, los ediles presionarán a sus diputados a que lo aprueben, así que lo más probable es que no tarden mucho en convocar a periodo extraordinario por ese tema.