Asuntos Públicos – Pacto militar en la Guardia Nacional

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Eduardo Coronel Chiu

Al final de cuentas, en la creación de la Guardia Nacional, la nueva policía civil de la Federación para tareas de seguridad pública, así como en la designación de sus mandos, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó el pacto de la élite gobernante civil con el ejército; con ciertas variantes es el mismo que han mantenido los gobiernos post revolucionarios, al menos desde el primer presidente civil, Miguel Alemán Valdés (1946-1952): La subordinación política del ejército al mando civil, su reconocimiento como mando supremo y la exclusión de participación política, a cambio de autonomía, presupuesto y fuero castrense.
A pesar de la retórica de los abrazos y no balazos para pacificar el país y la estrategia formal de influir mediante programas de asistencia social en las causas socioeconómicas de la delincuencia, el contenido realista de la política de AMLO para el combate al crimen apuesta, como sus antecesores, al uso de la fuerza pública, y dentro de este instrumento, a la participación de las fuerzas armadas; no podría ser de otra manera cuando los grupos fuertemente armados de delincuentes desafían el estado de derecho y el monopolio de la fuerza pública, que por definición caracterizan al Estado.
La situación de emergencia
No se exagera al sostener que hay un estado de emergencia en materia de seguridad pública; basta revisar las noticias, los índices delictivos de homicidios, secuestros, extorsiones y robos o las encuestas de percepción de inseguridad para constatar la grave crisis que se vive en el país, y por supuesto en Veracruz.
La debilidad de las instituciones civiles obliga a recurrir a las fuerzas armadas. Aunque sería deseable una policía civil, sin militares, conforme a los estándares de gobiernos democráticos y el respeto a los derechos humanos, en este país, tras una guerra declarada al narcotráfico y a la delincuencia organizada que lleva casi 15 años, con un saldo rojo estimado de más de 250 mil homicidios y más de 40 mil desaparecidos, no parece factible retirar al Ejército y a la Marina del campo de batalla. En ese lapso de guerra no se consolidaron los cuerpos policiales civiles profesionales, honestos y eficaces ni en el Gobierno Federal, en los estados y menos en los municipios.
Policía civil militarizada
En el debate abierto para la creación de la Guardia Nacional en la pluralidad de voces, hay corrientes de opinión que pretendían excluir al Ejército y Marina de las tareas de seguridad pública, por su entrenamiento y carencia de respeto a los derechos humanos y el amparo de su actuación a tribunales castrenses, no civiles.
Hay malabarismo en nueva estrategia de seguridad. Por un lado, no se retira el Ejército. En tanto la Guardia Nacional se desarrolla, el Presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, hasta por 5 años. Por el otro, la Guardia Nacional, que tiene un estatus civil, encuadrada en la Secretaría de Seguridad Pública, se integra por elementos que proceden de las policías militar y marina, además de la Policía Federal y otros elementos que se reclutarán. El entrenamiento de la Guardia será con enfoque de disciplina militar, con respeto a los derechos humanos, eso dicen, y aunque el principal mando debe ser civil, AMLO ya se adelantó y nombró ayer como titular a un militar, de quien se asegura está en proceso de retiro.
Nombramientos
No sorprende que la designación haya recaído en un miembro del Ejército; ya lo había insinuado, responde también al mayor componente militar de la Guardia, a procurar el reconocimiento del mando, pero sobre al realismo político, es la ratificación del pacto con las fuerzas armadas. El nombramiento del General Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional se justifica además por su experiencia en las tareas de combate al narcotráfico, desde el gobierno de Calderón, incluso su tesis de doctorado en seguridad es sobre la estrategia de guerra de ese periodo.
También nombró AMLO ayer a tres integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional, los representantes de las tres instituciones que participan: Otro general en proceso de retiro, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, un contra almirante retirado por parte de la Secretaría de Marina y como representante de la Policía Federal una veracruzana. Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, es una mujer de reconocido talento y vocación para las ciencias forenses y la criminalística. Médico cirujano por la Universidad Veracruzana, acumula obras escritas y doctorados, fundadora y titular de la división científica de la policía federal. Orgullo de Veracruz en la Guardia Nacional.

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