Asuntos Públicos – Contrataciones bajo sospecha

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Eduardo Coronel Chiu

Pese a que el nuevo Gobierno del Estado arribó al poder con un respaldo electoral inobjetable, remolcado ya se sabe por la oleada en favor de la marca Morena y su líder Andrés Manuel López Obrador, quien arrasó al sistema tradicional de partidos, PRI, PAN, PRD, signos de la demanda ciudadana de un cambio político de fondo, a unos cuantos meses de haber asumido el cargo, cunde la desilusión.
El gobernador Cuitláhuac García se observa no solo débil en la acción, rebasado por la violencia delictiva y la precariedad de programas propios (está montado en los federales), sino también enfrenta su administración cuestionamientos por la falta de transparencia y presunciones de negocios con los recursos públicos.
Al margen de la evaluación de responsabilidades en el tema de inseguridad pública, de su gastado y obsesivo recurso de echar a otros la culpa por una situación compleja heredada que no se resolverá en lo inmediato, no obstante los refuerzos federales asignados para atender la emergencia de Veracruz, la política de combate a la corrupción, una de las banderas discursivas centrales del partido Morena y del presidente López Obrador, está en entredicho en el estado.
Ser y parecer
El actual Gobierno del Estado no se diferencia con claridad de sus antecesores tildados de corruptos en el modo de ejercer los recursos públicos; como aquellos, ha optado de inmediato por los procedimientos más turbios para adjudicar a los particulares los contratos de adquisición de bienes, servicios y para realizar las obras públicas, incluso reciclando a los proveedores de los recientes gobiernos, como se ha mostrado, ocurre ya en la Secretaría de Seguridad Pública. Y si a nadie convencieron de que no sacaron su tajada en el sobreprecio evidente de pagar un millón 300 mil pesos por cada patrulla –sea comprada o rentada–, en una erogación total de 208 millones de pesos, que aun no transparentan cómo y con quién contrataron, nuevos datos abonan la sospecha de que ya andan en negocios con proveedores. La revelación documentada hecha ayer en este medio de otras adjudicaciones directas realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública hasta por un monto de casi mil millones de pesos, acredita que recontrataron sin concurso ni estudios de mercado a varias de las empresas proveedoras del gobierno de Miguel Ángel Yunes, entre ellas, las proveedoras de alimentos, como la Comercializadora Ixtla (70 millones) y La Cosmopolitana (190 millones), así como la concesionaria de la expedición de licencia para conducir, Ibero Azteca 2000 (146 millones). En la edición de hoy, de repaso, porque hubo quienes no podían creerlo, pueden observarse los contratos de la anterior administración y la actual, son los mismos proveedores, solo cambia el nombre del jefe de la Unidad Administrativa, los previos los firmó Guillermo Moreno Sentíes, el hijo del secretario de finanzas de Yunes, y los de ahora, firmados por Ulises Rodríguez Landa, operador del actual subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, “primo” del actual gobernador.
Mi Chedraui en seguridad
Y lo inverosímil, el contrato con Tiendas Chedraui, también por adjudicación directa hasta por 220 millones de pesos para abastecimiento de alimentos, víveres, desechables y agua purificada para las áreas adscritas a esa dependencia; no obstante que los dueños de esa empresa participaron abiertamente en el pasado proceso electoral con el gobierno de Yunes –los monederos “Mi Chedraui” repartidos a su clientela del programa Veracruz Comienza Contigo y que su principal socio exhortó a votar por Miguel Ángel Yunes Márquez, en contra de Morena y su candidato Cuitláhuac García, actual gobernador. Manuel Huerta, entonces delegado de Morena, incluso armó un mitin afuera de la tienda Chedraui en Xalapa para denunciar la compra de votos en favor del hijo de Yunes, presentó quejas en los órganos electorales y hasta denunció en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). Hoy, Chedraui es de los beneficiarios de las compras directas de seguridad pública, ¿qué dirá de esta jugada Manuel Huerta, hoy superdelegado de programas federales para el desarrollo? Las alianzas “inconfesables de empresarios con el gobierno” que denunció, ahora las tienen en casa.
Todo en directo
A estas alturas del Gobierno del Estado, no se sabe de licitaciones públicas, el método favorito es la adjudicación directa, como los contratos por 200 millones de pesos para obras municipales con que debutó en diciembre Elio Hernández Gutiérrez, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
Si bien este procedimiento no es ilegal por sí mismo, es una excepción, no la regla, permitido solo en los supuestos legales que generalmente no se acatan. El reparto de dinero público a contratistas es una de las fuentes principales de corrupción, una zona crítica expuesta al moche, comisiones o sobornos, por eso las normas y políticas anticorrupción buscan reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia, fomentar la competencia y el análisis de mercado para seleccionar la mejor opción técnica, de precio y calidad.
No entiende que no entiende
El gobierno de Cuitláhuac García, con todo y las porras de honesto que le brinda AMLO cada vez que viene, no parece en los hechos practicar esa ética pública, y como la mujer del Cesar, que no solo debe ser honesta sino también parecerlo, tendría que empezar a demostrarlo en la administración de los recursos públicos. El problema ahí, parafraseando aquel titular de la revista The Economist en que demolió la administración de Peña Nieto, sería que el principal personaje involucrado, el gobernador, no entiende que no entiende.

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