Asuntos Públicos – Rosario Robles, juicio politizado

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Eduardo Coronel Chiu

Venganza, distractor, montaje, justicia a secas o combinación de ingredientes, ya se verá. Por ahora, aún es prematuro adelantar el desenlace que tendrá el proceso penal instaurado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador –a través de su “fiscal carnal autónomo”, Alejandro Gertz Manero– en contra de la ex secretaria de estado Rosario Robles Berlanga, ayer ingresada a prisión, acusada de desvíos de recursos como titular de la Sedesol y Sedatu por más de 5 mil millones de pesos, en el esquema delictivo conocido popularmente como la “Estafa Maestra”.
El espectáculo ya comenzó. La vinculación a proceso que le dictó el juez federal de control no obligaba a mantenerla en prisión preventiva por el plazo de dos meses, en tanto la fiscalía complementa la investigación y se inicia el juicio. Habría podido seguir el proceso en libertad, dado que el delito de ejercicio indebido del servicio público que se le imputa, omisa presuntamente en verificar la legalidad de las operaciones de asignación de contratos, no es considerado grave en la legislación. Pero no tiene el mismo efecto ante la opinión pública mostrarla tras las rejas que dejarla libre, aunque sujeta al proceso.
La Estafa Maestra de la 4T
La famosa “estafa maestra” es un supuesto mecanismo empleado como sistema por la élite de Peña Nieto que vincula a 11 dependencias del gobierno federal para desviar recursos públicos a partir de la adjudicación directa de contratos a 8 Universidades Públicas, que a su vez subcontrataron los servicios a más de 100 empresas fachada o fantasmas. El esquema general fue detectado y denunciado penalmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las revisiones a las cuentas de 2013 a 2016, hasta por un monto presuntamente desviado de 7 mil millones de pesos.
El tema, retomado por organizaciones civiles de combate a la corrupción y varios medios de comunicación, se popularizó bajo la sospecha de que el mecanismo era una de las fuentes para el financiamiento ilegal de campañas políticas y enriquecimiento de funcionarios.
Ahora, la 4T lo utiliza como supuesto ejemplo de combate a la corrupción a la impunidad y a la vigencia del estado de derecho, al menos eso dice AMLO, lo suyo es un estado de derecho, antes, por supuesto, con la mafia del poder, era un “estado de chueco”.
Viejas cuentas
Sería ingenuo no considerar como marco del proceso penal el contexto y las historias de alianza, choque y ruptura entre el presidente López Obrador y la hoy acusada Rosario Robles. Sabido que ambos, como actores políticos, proceden del mismo grupo, el PRD, de la pasada década, los dos ligados al entonces líder Cuauhtémoc Cárdenas, pasan a ser competidores y más tarde enemigos. Como dos brazos de líder, a la movilidad de éste ocupan alternadamente los espacios que deja, los dos son jefes de gobierno del DF y presidentes nacionales del PRD, pero la guerra sucia entre ellos los devora. El punto de quiebre, se recuerda, son los escándalos de los videos difundidos en 2004, cuando AMLO era jefe de gobierno y ella presidía el PRD y cometió el error de involucrarse sentimentalmente y en negocios con aquel empresario argentino Carlos Ahumada; luego se destapó una campaña negra en la que se mostraron por televisión en horario estelar videos de funcionarios cercanos a AMLO recibiendo paquetes de dinero (en ligas), René Bejarano, su secretario particular, y Carlos Imaz, delegado del DF (entonces casado con Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la CDMX), así como al entonces secretario de Finanzas de AMLO, Gustavo Ponce, realizando apuestas en mesa de juego en Las Vegas.
Rosario Robles renunció a la presidencia del PRD, pero posteriormente se reveló que ella, junto con Carlos Ahumada –lo contó este en su libro “derecho de réplica–, habían entregado los videos del reparto de dinero a los enemigos de AMLO, concretamente al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y al influyente panista Diego Fernández de Cevallos, para golpear sus aspiraciones a la Presidencia de la República en 2006.
¿Justicia o venganza?
En la competencia electoral de 2012, otra vez AMLO candidato del PRD a la presidencia, y derrotado por segunda ocasión, Rosario Robles estuvo del lado opuesto, con el PRI y con Peña Nieto, en cuyo gobierno ocupó las secretarias de Desarrollo Social y la Sedatu.
¿Aplicará el régimen de la 4T la máxima “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos justicia a secas”, la máxima atribuida al prócer de la 2T, Benito Juárez?, ¿preferirá “la venganza es un plato que se sirve frío”, después de 15 años de espera?
Resultado incierto
Más allá de la condena mediática en curso y las presunciones periodísticas de la estafa maestra, en el juicio la fiscalía federal tendrá que demostrar la responsabilidad penal de Rosario Robles. Esta comprobación no es fácil de realizar, la mayor dificultad radica en vincular a los mandos superiores en el fraude o desvío; éstos en la operatividad administrativa generalmente no firman los documentos de las asignaciones y contratos, ni tienen la obligación directa de verificar el destino final de los recursos. La actuación del juez de control ayer se observó bajo consigna, aunque este sesgo no puede generalizarse a todo el Poder Judicial federal. En dos meses se reanuda el proceso penal en los medios y las mañaneras no esperarán tanto, el show es diario.
Las prioridades de AMLO
Por cierto, la celeridad con que el fiscal carnal de AMLO, Alejandro Gertz Manero, integró los expedientes penales en contra del abogado de la mafia en el poder Juan Collado y contra Rosario Robles, contrasta con la lentitud y omisión hacia los prospectos de Veracruz. Ni el ex gobernador Miguel Ángel Yunes ni el fiscal Jorge Winckler parecen ser prioridad de AMLO y su fiscalía. El gobernador Cuitláhuac García, el secretario de gobierno, Eric Cisneros, y el auditor del Orfis, Toño Farsilla, siguen haciendo el ridículo.

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