Asuntos Públicos – Edel, un peligro para el Poder Judicial

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Eduardo Coronel Chiu

Sin certeza en la validez de los actos jurídicos de los Tribunales no hay garantías de justicia, el sistema judicial está viciado en sus actos y nadie puede tener la confianza en que sus derechos serán respetados. Por eso es grave la situación de incertidumbre del estado de derecho en Veracruz provocada por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Edel Álvarez Peña.
Advertido por juristas desde el año pasado de la ilegalidad en que incurrían tanto el presidente del TSJ como el Consejo de la Judicatura al nombrar sin atribuciones a jueces como magistrados “provisionales” para cubrir las vacantes permanentes de los magistrados retirados por edad, una clara violación al procedimiento constitucional, el tiempo y el Poder Judicial de la Federación vinieron a confirmarlo.
La reciente sentencia del juez segundo de distrito en el juicio de amparo indirecto 875/2018, concedió la protección al quejoso precisamente por considerar la falta de competencia legal de los “jueces habilitados como magistrados”, su nombramiento carente de fundamentación legal y, por tanto, declaró la invalidez de su resolución, ordenando se reponga con magistrados legalmente nombrados.
Sienta precedente y abre la ruta de impugnaciones
Esta sentencia de amparo, pese a que aún no es definitiva, establece un precedente e ilustra el razonamiento legal que demuestra que de acuerdo a la Constitución Política, solo el Congreso del Estado, a propuesta del gobernador, puede nombrar magistrados del Poder Judicial y que el procedimiento de Edel solo es válido para suplencias no mayores de 10 días.
El problema es que Edel tiene llenas de “magistrados provisionales”, cuando menos tiene 8 jueces comisionados a las ponencias de las salas del Tribunal Superior de Justicia; de las 7 salas colegiadas existentes, solo una está integrada por magistrados legalmente nombrados. Las demás tienen entre uno o dos “habilitados” y, por tanto, realizan actos jurídicos potencialmente anulables.
El camino está abierto y la composición espuria del Tribunal Superior de Justicia no garantiza la certeza jurídica. La resolución en segunda instancia de apelaciones en materia civil, penal, familiar o constitucional penden del delgado hilo de que no vayan a impugnar en juicio de amparo la validez de las actuaciones de los magistrados patito marca Edel.
La ambición política: origen del problema
Si bien es cierto que no se han nombrado los 12 o 13 magistrados en las plazas vacantes debido a las condiciones políticas, la falta de acuerdos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, no debe perderse de vista el origen del problema. Las vacantes masivas de magistrados no fueron casuales, sino causadas deliberadamente. Son resultado del plan conjunto del ex gobernador Miguel Ángel Yunes y el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, para asaltar y controlar políticamente el Poder Judicial del Estado hasta por una década. Se recuerda que en 2017, al primer año de ambos, idearon como instrumento una reforma constitucional para obligar a irse a la vieja plantilla de magistrados, bajo la cláusula del retiro forzoso a los 70 años, la mayoría de los que tenían esa edad la aceptaron bajo presión, sin embargo, hay un caso –el del magistrado Jorge Espinoza, quien impugnó en juicio de amparo la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de esa norma y finalmente ganó la reinstalación–.
Falta de consensos para nombrar magistrados
Pero el plan no salió como esperaban. Yunes y Edel lograron desalojar de inmediato en los primeros días de enero de 2018 a los antiguos magistrados pero no pudieron imponer a los suyos. Se les cruzó el cambio de condiciones políticas, la competencia electoral se reflejó en la división en el Congreso del Estado y la derrota del grupo de Yunes terminó por aguarle el proyecto.
Tampoco el nuevo gobierno de Cuitláhuac García y el grupo legislativo mayoritario de Morena ha alcanzado los consensos necesarios –se requieren 34 de 50 votos de diputados– para nombrar magistrados. A fines de enero del año en curso, el gobernador Cuitláhuac García y sus operadores en el Congreso se toparon con el revés de la novatada. Con ingenuidad pensaron en que doraban la píldora de la gran apertura en convocar a aspirantes, pero fracasaron en el intento de pasar el primer paquete de 6 propuestas, un grupo de jueces de poco nivel, pero afines al nuevo grupo gobernante. La falta de oficio político del nuevo gobierno tiene una de sus manifestaciones en la incapacidad de negociar en el Congreso del Estado, especialmente en las decisiones que implican construir mayoría calificada, en ocasiones hasta la misma bancada mayoritaria de Morena se ha fracturado.
Responsabilidades, en los tres poderes
Si el problema para nombrar magistrados hoy es político y está en la relación Ejecutivo-Legislativo, no hay duda en que la causa de la situación de crisis del Poder Judicial ahora expuesta es responsabilidad del ex gobernador Miguel Ángel Yunes y el aún presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña. Éste además es responsable de la solución torpe e ilegal, arrogarse facultades que no tiene, y poner en riesgo la certeza jurídica de la segunda instancia del sistema judicial del estado. A nadie se le desea caer en busca de su derecho en alguna de las salas de magistrados patito.