Asuntos Públicos – Delitos en Veracruz al mes de julio

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Eduardo Coronel Chiu

Los datos de incidencia delictiva del fuero común para el estado de Veracruz, actualizados el martes pasado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública al mes de julio, permiten visualizar el comportamiento de tipos de delitos a lo largo de seis meses del año y compararlos con el año previo.
Las principales cifras de este reporte explican por qué no se le cree al gobierno de Cuitláhuac García que su estrategia de seguridad pública sea eficaz y que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente haya reconocido que en Veracruz la incidencia delictiva no baja, declaración que Cuitláhuac intentó componer con que lo que AMLO quiso decir… fue “¡aguas!”, no que no hubieran disminuido los delitos.
Parece difícil de aceptar –aunque usted no lo crea–, el total de delitos del fuero común denunciados en el estado ha disminuido considerablemente, bajó en 21.06%, pero esta reducción no valora dada su poca efectividad sobre los delitos de mayor impacto. En una muestra de estos, se observa que el homicidio doloso (835 casos) se reduce muy poco, apenas 9.3% y la extorsión (325 registros) baja 11.6%. En cambio, dos delitos percibidos como graves, están incontrolables. El secuestro, con un acumulado semestral de 200 casos, aumentó en el periodo en 124.7%, el feminicidio, con 114 víctimas, se elevó en 67.6%. El tipo de delito que sí está bajando es el robo en general; tuvo un descenso del 28% y es la principal variable para la baja en la incidencia delictiva total.
Nada que presumir, aún
Están muy lejos todavía de abatir la delincuencia el Gobierno del Estado y el federal, prevalece la insatisfacción ciudadana con el escenario de violencia criminal e indefensión. Ante la realidad delictiva que no cede de modo contundente se ve como tomadura de pelo querer vender las cifras generales como grandes logros, como pretende el gobierno de Cuitláhuac García y sus fanfarrones secretarios de Gobierno, Eric Cisneros y de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, cuando los delitos de alto impacto continúan a la alza.
Cada quien sus datos
En el contexto del problema, la violencia criminal que padece la sociedad nacional –y el estado– desde hace varios años, las cifras de incidencia o frecuencia delictiva, así como los eventos ilícitos más visibles en los medios, son referente en los debates y críticas de actores sociales y políticos frente a las autoridades responsables de garantizar la seguridad pública.
Convenido entre las autoridades de los tres niveles de gobierno que el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación se constituyera en la fuente oficial de la estadística delictiva del país y de la entidades federativas, sus publicaciones mensuales actualizan el análisis y la interpretación, sirven como referencia cuantitativa para evaluar si la estrategia de combate a la delincuencia es eficaz, si logra contener o no la comisión de delitos.
Puede cuestionarse su confiabilidad –incluso se han dado casos de denuncias de maquillaje y arreglo de cifras–, asimismo, se argumenta el indicador de denuncias no refleja los casos de delitos no denunciados –la llamada cifra negra–, pero si no hay medición, tampoco habría con que comparar resultados y saber si se avanza o no hacia las metas.
Hay varias organizaciones civiles que integran datos de distintas fuentes y tipos delictivos, medios de comunicación que llevan sus propias cifras, como los ejecutómetros y otros organismos públicos como el INEGI elabora los suyos con encuestas de percepción de inseguridad y cifras negras de delitos no denunciados por ignorancia, desconfianza en las autoridades o temor a represalias de los denunciados.
En el debate sobre la eficacia o critica a la estrategia de seguridad pública, el punto de vista interesado puede seleccionar el periodo, mostrar un breve lapso aislado de tendencia, presentar cifras absolutas o relativizarlas con variables de población, y al final no faltan los que alegan “ellos tienen otras cifras”. De todo hay. En lo que no hay desacuerdo es en que la inseguridad pública sigue siendo uno de los grandes problemas nacionales. Mientras el tiempo y los plazos comprometidos corren.