Asuntos Públicos – En pie de guerra

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Eduardo Coronel Chiu

Mientras la violencia criminal no cesa en Veracruz y ahora alcanza a la ejecución de mandos policiacos municipales, ayer arreciaron las hostilidades entre el Partido de Acción Nacional (PAN) y el gobierno del partido Morena de Cuitláhuac García, extendiendo las participaciones de ambos bandos en el Senado y en el Congreso local.
El enfrentamiento entre estos grupos políticos, desequilibrado a partir del cambio de gobierno y la inversión de los papeles de grupo en el poder y oposición en diciembre pasado, se recrudeció desde principios de mes, a partir de la “suspensión temporal” del fiscal Jorge Winckler, nombrado en el pasado gobierno del PAN, y tiene en estos días una escalada.
Hubo secuela de las partes beligerantes al contraataque con que los del PAN iniciaron la semana. El amago de los senadores del PAN, de que iniciarán un juicio político contra el gobernador Cuitláhuac García y promoverán desaparecer los poderes en Veracruz –más dirigido a hacer visible la crisis política y de seguridad en el estado que a obtener la decisión en el Congreso de la Unión, tuvo ayer acciones de seguimiento.
Los senadores veracruzanos del PAN, Julen Rementería e Indira Rosales, aludieron el tema en la sesión legislativa de ayer, y hasta metieron un punto de acuerdo, mientras que los senadores de Morena respondieron en conferencia de prensa posterior, Gloria Sánchez boletinó la posible fuga al extranjero del ex gobernador Yunes y del Fiscal removido Jorge Winckler, calificando de “distractor mediático” de ese escape las presuntas acciones para destituir a Cuitláhuac García. Sin ningún ingenio, la senadora, reviró el calificativo de “fallido” usado por los panistas al gobierno de Morena, para aplicarlo al gobierno que ejercieron los del PAN y los extendió a la oposición, “fallida” y “moralmente derrotada”, adornando el remate con la alusión a la palabra del profeta AMLO.
Legisladores locales
Cada cual para su bando. Los diputados locales de Morena defienden de boca la legalidad de la remoción del Fiscal, vaticinando que no prosperarán las acciones jurídicas para anular el “acuerdo” de la Diputación Permanente que lo echó del cargo, algunos con argumentos tan falaces como el de la diputada dentista y ganadera, Margarita Corro, quien sostuvo que dicho acuerdo tildado de inconstitucional, es legal, ya que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado. También hubo fricciones en la sesión de la Diputación Permanente, una representante del PAN, la diputada Monserrat Ortega, condenó la remoción del fiscal y Morena lanzó una respuesta indirecta y “capciosa”, el líder de su bancada, el ex vendedor de autos, Javier Gómez Cazarín, presentó una inciativa de reforma al Código Penal para que no prescriba el delito de pederastia, advirtiendo que los perseguirán hasta el resto de sus días, por muy poderosos que se digan, un mensaje cifrado y vano, por la no retroactividad de la aplicación de la ley, alusivo al ex gobernador Miguel Ángel Yunes. Aunque en la era Morena la aplicación de la ley no es lo que solía ser.
Acción de inconstitucionalidad
Desestimada por el gobernador Cuitláhuac García, que la calificó como “patadas de ahogado” del PAN, al igual que por otros diputados de Morena, la acción de inconstitucionalidad contra la suspensión del Fiscal presentada por 17 diputados locales del PAN y otros que se sumaron, abrió otro frente al combate jurídico partidista, además de otra connotación a las relaciones políticas al interior de la legislatura.
Esa acción jurídica, aunque no tiene certeza de prosperar, busca que se ocupe del asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para el PAN una expectativa de contrapeso al mayoriteo de Morena. La dificultad de este juicio no radica en los fundamentos inexistentes de los actos de la Diputación Permanente; un órgano sin facultades para suspender al fiscal, violatorios del principio de legalidad; sino en convencer a la corte de que el “acuerdo” legislativo equivale por sus efectos a una norma general contraria a la constitución, premisa de procedencia del juicio.
Un bloque de 17 diputados de oposición
En la firma de esa acción, es de interés observar la unificación local de diputados, no solo los del PAN, recientemente divididos en la disputa por la dirigencia del partido; los 13 de origen panista firmaron la demanda de acción de inconstitucionalidad, pero además, sumaron a 4 diputados más de otro origen partidista. Dos del grupo legislativo “Del lado correcto de la historia”, Gonzalo Guízar y Eric Iván Aguilar, la diputada Ivonne Trujillo de Movimiento Ciudadano y Juan Carlos Molina, desertor del PRI, ahora independiente.
La importancia de este bloque es que su número (17), de mantenerse unido en las decisiones del Poder Legislativo, tiene la capacidad de bloquear todos los asuntos que requieran de mayoría calificada del total de integrantes del Congreso. Morena, que tiene 26 diputados, aun sumando al resto, no alcanzaría los 34 votos. Claro que pueden tratar de comprar y pagar por evento (aunque dicen que “ellos no son de esos”). El caso es que podrían bloquearse, entre otros, los nombramientos de 13 magistrados del Poder Judicial, atorados desde el año pasado, aunque para el actual gobierno a partir de febrero; o la nueva reestructuración de la deuda que ya ofertan a los bancos los de Sefiplan, pese a que no ha sido autorizada por el Congreso.
Pronto se pondrá a prueba ese bloque con el nombramiento dentro de 8 días del titular del Orfis, un proceso manoseado por Morena con dos cartas marcadas, Lorenzo Antonio Portilla y Delia González Cobos.