Asuntos Públicos – Esconde Segob convenios de pago con municipios

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Eduardo Coronel Chiu

Ya se sabe y se confirma que la transparencia no caracteriza los actos del actual Gobierno del Estado.
Abona a la presunción de ilegalidad la negativa de la Secretaria de Gobierno a cargo de Eric Cisneros para hacer públicos los convenios de pago y las liquidaciones a los ayuntamientos por los adeudos de fondos federales que datan de la administración de Javier Duarte, mismos que fueron reclamados en controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pese a que se trata de recursos públicos cuyo destino y aplicación deben abrirse al público y a los solicitantes de información, la Secretaría de Gobierno, en combinación con la Sefiplan, de manera infundada declararon reservada la información relativa los convenios de liquidación o finiquito de los adeudos de transferencias federales a los ayuntamientos del estado, conforme a las sentencias dictadas en las controversias constitucionales. También se negaron a informar “si hubo alguna quita, compensación o modalidad especial de pago, y en caso de haber conseguido alguna disminución o ahorro en el monto del adeudo, indicar a qué partida se destinará”, además de “especificar si ya concluyó el pago o los plazos convenidos, cantidad pagada, o saldo deudor”.
Top secret
Para tapar los datos, en la Sefiplan, por conducto de la procuradora fiscal Delia González Cobos (hoy titular del Orfis), invocan que supuestamente “no tienen la certeza de si dichas controversias han causado estado, o si por el contrario se encuentran subjudice, y se encontraría imposibilitada para otorgar alguna información o documentación al respecto, por formar parte de un expediente”. Por su parte, en el mismo sentido de ocultamiento, el encargado del despacho de la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, José Pale García, aunque reconoce que se celebraron 38 convenios con municipios, se refugia en que no han recibido ningún pronunciamiento de la Corte sobre la validez de estos como medio de cumplimiento de las sentencias.
Aparte de la impugnación legal que se sabe habrá sobre su negativa, su argumento es falaz. La sentencia de la Corte que ordena el pago al Gobierno del Estado para los ayuntamientos reclamantes habría causado estado desde el momento en que no se hizo ninguna impugnación a la misma y las partes la consintieron. Tampoco se justifican las respuestas de no tener certeza de la conclusión o no de la controversia; en su caso, tendría que haber demostrado para fundamentar su negativa que efectivamente no había causado estado; la duda no puede fundar y motivar un supuesto legal que exige certeza no especulación. Ni que no tuvieran acuse de recibo aprobatorio de la Corte.
Como en otras ocasiones en que buscan eludir las obligaciones de transparencia y acceso a la información, el actual Gobierno del Estado recurre a argucias legaloides para negar, en este caso, aplicó la clasificación de la información en modalidad de reservada. Top Secret.
Presunciones de Moche
Como se recuerda, en 2016 cerca de 100 ayuntamientos emanados de diversos partidos políticos demandaron individualmente al Gobierno del Estado en la vía constitucional citada la entrega de los recursos federales no entregados y desde 2018 obtuvieron sentencia favorable para que les pagaran íntegramente lo que les correspondía.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes recibió las notificaciones de las sentencias entre octubre y noviembre de 2018, pero no pagó; así que la responsabilidad la debió asumir el actual Gobierno del Estado.
En el mes de enero de este año, el secretario de Gobierno fue señalado por dirigentes partidistas y algunos ediles de presionar a los presidentes municipales acreedores de pretender mochar los montos de pago, y supuestamente que le firmaran por el 100% del adeudo y solo entregarles la mitad. En ese entonces, Eric Cisneros, con su proverbial ignorancia jurídica, confesó involuntariamente haber violado la Constitución del Estado, junto con los ediles “solidarios y generosos”, les llamó, que habían aceptado recibir menos dinero del que corresponde a sus municipios. Dichos convenios serian ilegales por dos causas, la primera, carecen de la autorización del Congreso del Estado, y la segunda, al no ser los alcaldes dueños del patrimonio municipal están impedidos de llegar a convenios en corto y secretos con el secretario de gobierno para renunciar o ceder a una porción del monto determinado en la controversia constitucional.
Que sí han pagado, pero no dicen a quién, cuánto y cómo
En un alarde de transparencia y devoción al principio de máxima publicidad, la tesorera de la Sefiplan, María Esther Reyes González, informa que a la fecha el Gobierno del Estado, a través de “esta tesorería”, ha realizado el pago de 90 sentencias derivadas de las controversias constitucionales por un importe total de 1 mil 507 millones, pero se niega a identificar a los ayuntamientos y los montos individualizados. Se tapa con la misma cobija de que no podrá revelarlo “hasta en tanto no se agoten los recursos, se dicte resolución definitiva y cause estado”, el mismo estribillo que cantan a coro. Pero aporta la tesorera su creatividad jurídica, se atreve a citar como escudo hasta el Código Penal del Estado, el delito en que incurriría por “revelación de información reservada”, articulo 348, sin comprender que aplica a información que obre en expedientes penales; “al servidor público que… facilite información sobre mandamientos expedidos por autoridad judicial y tenga como consecuencia que se evada de la acción aquel contra el que vaya dirigido, se impondrán… igual sanción se impondrá al servidor que indebidamente quebrante la reserva de actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”. Se ve que solo vio el titulo del delito, sin entender el contenido y aplicación del artículo de su excusa. En fin, no hay que ponerse con ella demasiado rigurosos, solo es la tesorera, no la abogada del estado.