Asuntos Públicos – Desaparición de poderes, tablas con derrota al PAN

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Eduardo Coronel Chiu

Acabó ayer la escaramuza partidista en el Senado para declarar desaparecidos los poderes estatales en Veracruz, solicitada por el PAN, así como en Tamaulipas y Guanajuato, reclamadas por Morena, con un dictamen de la Comisión de Gobernación que determinó que en ninguno de los casos se encuadraban las situaciones de procedencia previstas en la Constitución Política del país.
Era previsible que no prosperara; ya que esa medida extrema utilizada en el antiguo régimen político del siglo pasado para eliminar gobernadores no deseados por el Presidente de la República, en las actuales circunstancias carece de condiciones para aplicarse autoritaria o por mayoría legislativa, además del elevado costo político de intentar ponerla en práctica.
Imposible para el débil, costoso para el mayoritario
Al margen de las situaciones de hecho que pudieran justificar su aplicación, ninguno de los grupos tenía el control del tablero de las decisiones. Ni el débil PAN ni el mayoritario Morena. Desde el principio se vio que la solicitud del PAN para desaparecer los poderes del estado en Veracruz, donde gobierna el partido Morena, era por encima de todo una protesta a una agresión política estatal; la remoción del Fiscal, efectuada ilegalmente por la Diputación Permanente, pero que este partido no tenía los votos suficientes para que se aprobara en la Comisión de Gobernación ni en el pleno. En la otra esquina, era claro que las peticiones del partido Morena para desparecer los poderes en los estados del PAN, Tamaulipas y Guanajuato, por supuesta ingobernabilidad a causa de la inseguridad pública, era su recurso para amagar y contrarrestar al PAN. Aunque Morena, con una bancada capaz de aprobar la procedencia y desparecer los poderes en donde quisiera, habría enfrentado la crisis, no solo en esas entidades, sino también la dificultad de reunir los votos para nombrar gobernadores provisionales a propuesta del Presidente de la República, que debían convocar a nuevas elecciones.
Neutralización, desventaja para el PAN
El dictamen, avalado por todas las fracciones legislativas de la Comisión de Gobernación del Senado, que será turnado al pleno para su aprobación constata que el caso de Guanajuato no procedió la solicitud debido a que el tema de la seguridad y presencia de la delincuencia organizada no implica la aplicación de la alguna de las hipótesis de procedencia; en cuanto a Veracruz, si bien la comisión reconoció que hay un presunto conflicto entre el Poder Legislativo local (la Diputación Permanente) y el órgano constitucional autónomo (Fiscalía General del Estado) por la remoción del fiscal y nombramiento del nuevo titular, el hecho tampoco entra en los supuestos normativos del artículo 76 de la Constitución Política.
Aunque en apariencia, los dos grupos en conflicto quedaron neutralizados, el resultado en los hechos es desfavorable al PAN. Al final tuvo que conformarse con salir tablas en la desaparición de poderes, sin poder revertir la situación que originó su protesta y demanda inicial.
El juego en cancha del poder judicial federal
Descartada la salida política de la desaparición de poderes, quedan al PAN y al fiscal depuesto los recursos jurídicos en curso en el Poder Judicial de la Federación para intentar recuperar la plaza, restaurar la situación previa al golpe político de grupo local de Morena.
Pese a que la propaganda del régimen moreno y sus voceros difunde que su toma de la Fiscalía es irreversible, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, no es un asunto concluido. Si bien es cierto que la acción de inconstitucionalidad interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una fracción de 17 diputados (del PAN y otros) contra el “acuerdo” de la Diputación Permanente del Congreso, un órgano sin facultades legales para suspender al Fiscal, la desechó sin entrar ni prejuzgar sobre el fondo, por “notoria improcedencia”, la ministro instructora Yazmín Esquivel Mossa (casualmente propuesta por AMLO, esposa de José María Riobó, uno de sus contratistas consentidos), se sabe que hay un recurso en trámite; una reclamación que debe determinar el pleno de la Corte, sobre si confirma el desechamiento o admite la acción de inconstitucionalidad.
Por otro lado, aun no finalizan las diversas acciones en juicios de amparo contra los actos de la Diputación Permanente, el principal, la queja ante un juez de distrito de que el Congreso local habría violado una suspensión para no instaurar procedimientos de remoción que no estuvieran previstos al momento del nombramiento del fiscal.
Para los observadores del partido no comprometidos con los intereses y la visión bárbara del derecho del grupo de Morena, no ha caído el último out; mientras tanto, los de Morena celebran como campeones de grandes ligas, sin tomar en cuenta a Yogi Berra, de que “esto (el juego) no se acaba hasta que se acaba”.

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