Asuntos Públicos – La rendición del estado

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Eduardo Coronel Chiu

El Cártel del Sinaloa doblega al Gobierno Federal. Ayer en Culiacán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sufrió la peor derrota en su lucha contra la delincuencia organizada y por la pacificación del país, al haber cedido –tras su captura– a la liberación de Ovidio Guzmán (hijo del Chapo), quien lidera una fracción del Cártel de Sinaloa, bajo amenazas y ataques que rebasaron a la fuerza pública del Estado.
La decisión del Gobierno Federal, informada por el gabinete de seguridad, por conducto del secretario Alfonso Durazo, sin mención expresa de la liberación bajo chantaje del narcotraficante, encubierta con el eufemismo de que acordaron “suspender dichas acciones” para “salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense”, es un mensaje de claudicación a la responsabilidad del estado, que seguramente será muy controvertido.
La batalla perdida
El relato escueto de los hechos que condujeron a la captura del delincuente, refiere el tiroteo de una patrulla con 30 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que sometió a 4 personas que se encontraban en una vivienda, uno de ellos, identificado como Ovidio Guzmán. Sin embargo, la inmediata contraofensiva de los narcos sobrepasó a la fuerza pública oficial. Como lo describen las crónicas y las profusas imágenes que circularon, el ejército del narco realizó durante varias horas ataques armados en varios de puntos de la ciudad, bloqueos con vehículos incendiados, control de casetas de peaje y hasta la liberación de reos en cárceles, exigiendo al Estado Mexicano la liberación de su líder.
Ante esa situación que obligó al gobierno de López Obrador a definirse, entre defender al Estado y afirmarlo como único ente facultado legítimamente para el uso de la fuerza, responsable de garantizar el estado de derecho y la protección de las personas, o la rendición a la delincuencia, el Gobierno Federal mostró su debilidad y claudicación. Liberar a un peligroso y buscado delincuente, concediendo su impunidad de hecho, no tiene justificación legal ni política.
¿Dónde estaba la estrategia e inteligencia de seguridad del Estado que no previó el balance de fuerzas armadas y que permitió el despliegue de los delincuentes para apoderarse de la ciudad y sitiarla?
Por otro lado, la vulnerabilidad exhibida por las fuerzas armadas y la debilidad del grupo gobernante envía adicionalmente un pésimo mensaje de aliento a los otros grupos delincuenciales armados.
A cuentas
La grave crisis de claudicación del Estado impone replantear la fracasada estrategia de seguridad. Desde ayer, en diversos espacios y medios de comunicación, especialmente en redes sociales, comenzaron a exigirse las renuncias de los titulares del gabinete de seguridad, sobre todo del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, e inclusive del propio Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República.
Lo sucedido ayer en Sinaloa puede pasar en cualquier lugar de la República, por fortuna ayer no le tocó a Veracruz.
Mañana hablamos, dijo ayer elusivo AMLO. Hoy está obligado como Presidente de la República a justificar su cuestionada decisión –no pocos piden se disculpe por tolerar las vejaciones a las fuerzas armadas– en su confusa idea del uso de la fuerza pública y de querer pacificar con abrazos y no con balazos.
No vaya a salir hoy AMLO en su mañanera con que guácala o fúchila y un exhorto a los del Cártel de Sinaloa que piensen en sus mamacitas.
La claudicación del Estado no está para bromas ni charlatanería.