Asuntos Públicos – Presupuesto de Egresos para 2020, Inconstitucional

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Eduardo Coronel Chiu

De aprobarse el Presupuesto de Egresos para 2020 como lo remitió el gobernador Cuitláhuac García al Congreso del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, la legislatura local incurría en violaciones a la Constitución Política del Estado en materia de autonomía presupuestal.
Los diversos recortes al gasto público aplicados a las asignaciones para los poderes y organismos contenidos en el documento referido solo tienen fundamento legal en el Poder Ejecutivo, es válido el ajuste a este poder que se autolimita en cerca de 3 mil millones de pesos, pero la rasurada al Poder Judicial y a los organismos autónomos, en otra suma semejante, contraviene disposiciones expresas de la Constitución Política del Estado.
Si bien es cierto que las finanzas públicas del estado no pasan por su mejor momento (aunque eso quisieran proyectar), deben afrontar gastos ineludibles, como los operativos, los pagos de subsidios como el de pensiones y el costo de la deuda pública, ante previsiones restrictivas en los ingresos federales para 2020, sin embargo, no hay justificación para que tomen decisiones discrecionales que rompen unilateralmente el orden constitucional del estado.
Violación deliberada
Como se supone que quienes integran y consolidan el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en la Sefiplan, conocen las reglas constitucionales y saben hacer cuentas, es obvio que deliberadamente cuadraron cifras y repartieron el pastel conforme a sus preferencias, a sabiendas que entregaban al Congreso del Estado un documento inconstitucional en diversas partidas de gasto. Podrán invocar libremente la austeridad en el Poder Ejecutivo para recortar y redistribuir recursos al gusto, pero otras instituciones del estado tienen protección constitucional para recibir y administrar sus recursos financieros. No se meten con los ayuntamientos, a los que solo les puentean las transferencias de recursos federales, de hacerlo enfrentarían demandas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco con el Poder Legislativo, al que mantienen el mismo presupuesto del año anterior.
En cambio recortan en el Presupuesto de Egresos al Poder Judicial y a otros organismos autónomos, los cuales, por cierto, no están igualmente protegidos, pues aunque para todos es genérica la atribución de autonomía presupuestal, solo algunos tienen una garantía expresa en el texto constitucional; este supuesto permite la cuantificación y la prueba de la violación constitucional.
Los protegidos. Poder Judicial, Fiscalía y UV
En 2016 y en 2017 se reformó la Constitución Política del Estado para establecer una medida de la autonomía presupuestal, un porcentaje fijo del total del presupuesto general del estado; en la primera, durante el periodo de Javier Duarte, se definió en el artículo 60 que el Poder Judicial debe recibir como presupuesto anual el 2%; esa misma reforma incorporó para la Fiscalía General (art 67, F1) el 1.5% como fórmula para determinar su presupuesto anual. La segunda reforma, en el gobierno de Miguel Ángel Yunes, otorgó la misma autonomía para Universidad Veracruzana, en una adición el artículo 10, donde se fijó el 4% para fijar su presupuesto, remitiendo a los artículos transitorios su progresiva aplicación temporal, según la cual para 2020 le corresponde a la UV el 3.4%.
La base del reparto y los faltantes
Para 2020 el presupuesto total de egresos del estado es de 130 mil 063.2 millones de pesos, aunque la base de cálculo se ha hecho, descontando los montos de las participaciones y aportaciones a municipios, que para 2020 calcularon en 25 mil 451.8 millones de pesos, así que la base para determinar los presupuestos constitucionales mencionados sería sobre 104 mil 611.4 millones de pesos.
Por lo tanto, para 2020, el Poder Judicial debería tener una asignación de 2 mil 92.2 millones de pesos, pero le presupuestan 1mil 895.4 millones, lo que significa 196 millones de pesos menos (aunque recibiría casi 700 millones menos que el año actual). La Fiscalía del Estado, según su fórmula, debería tener presupuestado 1 mil 569 millones de pesos, pero le asignaron mil 66 millones, es decir, 503 millones de pesos menos (recibiría 978 millones menos que el año actual). Y la Universidad Veracruzana, aunque en el global aparece para 2020 con 6 mil 294 millones de pesos, al descontar el subsidio federal, quedaría en 3 mil 61 millones de pesos, cuando le corresponden 3 mil 556.7 millones de pesos, le escamotean 495.3 millones de pesos.
Cómo reaccionarán los afectados
Habrá que ver las reacciones de los afectados que tienen acción constitucional clara para impedir la violación de su autonomía presupuestal, sabido el control político del actual gobierno sobre los titulares del Poder Judicial –la magistrada presidente Sofía Martínez Huerta– y la “encargada de la Fiscalía”, Verónica Hernández Giadans, es previsible que consientan el ataque presupuestal, queda la interrogante de la actuación de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien tendría presiones internas de la comunidad universitaria de consentir dócilmente la vulneración presupuestal. Otros organismos rasurados, como el OPLE y la Comisión para la Atención de Periodistas, tocan puertas para ver si regresan parte del recorte, mientras la titular del Orfis, Delia González Cobos, aunque incondicional de Morena, suplica aumento presupuestal para pagar aguinaldos, porque Portilla se lo acabó en liquidaciones, además de un extra para la revisión especial a la cuenta pública de 2018, su preocupación por el cierre de año no la distrae del recorte que le viene para el año entrante.
Queda en suspenso también la reacción de los diputados, si es que se dan cuenta de la inconstitucionalidad del Presupuesto de Egresos que les pondrán a aprobar. Se acerca la hora, antes de fin de año.