Asuntos Públicos – Gasto público estatal, entre la realidad y la ficción

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Eduardo Coronel Chiu

No fue tarea fácil para la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) cuadrar el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para 2020, aunque el documento contable aprobado en diciembre pasado por el Congreso local, el cual contiene las asignaciones de gasto para los tres poderes, los organismos descentralizados y autónomos, así como las transferencias federales a los ayuntamientos, haya quedado en una franja entre la realidad y la ficción, como en la dimensión desconocida.
De entrada tuvieron que reconocer el escenario de menores ingresos para este año, tanto en las fuentes propias, que aportan un mínimo, como en las previsiones de recursos federales, que conforme a la tendencia en el gobierno de López Obrador vienen a la baja en los montos por participaciones y con escaso crecimiento en las aportaciones. Incluso, hubo un recorte a la iniciativa enviada por el Ejecutivo en el decreto aprobado por el Congreso, supuestamente por ajustes en las previsiones de ingresos de la Federación. Con todo, el presupuesto aprobado por 129 mil 535 millones de pesos es mayor al previo, pero apenas en 1,100 millones de pesos, en términos reales, descontando la inflación, es inferior.
El hoyo del costo de la deuda pública
Como ya se había detectado, el principal factor de desequilibrio es la elevación del costo de la deuda pública del estado, cuyo pago anual de intereses y amortización sube de 4 mil 740.2 a 7 mil 638.3 millones de pesos, es decir, se incrementa de un año a otro en 61.13%, este año deberán pagar 2 mil 898 millones de pesos más, diferencia que anula el incremento nominal en los ingresos totales. Este tema queda pendiente de aclaración por parte de los responsables de las finanzas del estado, se omitió explicarlo en la exposición de motivos del presupuesto y los integrantes de la Comisión de Hacienda y los diputados locales lo soslayaron.
Otro elemento que merma la capacidad de maniobra son las transferencias por participaciones y aportaciones federales a los ayuntamientos, fondos etiquetados en los que el estado solo sirve de puente, se registran en el presupuesto de ingresos, pero corresponden íntegros a los municipios, el importe de este año por 25 mil 451 millones es superior en mil 216 millones al año previo.
Recortes y cuchareo, diferenciados
El sacrificio mayor para equilibrar el presupuesto se obtuvo del Poder Ejecutivo.
Aunque al interior de las dependencias, como en el conjunto de la asignación, accionó la tijera y el cuchareo, unas suben, otras son rasuradas, según criterios de importancia e influencia, el Poder Ejecutivo central recibirá 58 mil 529 millones, se redujo en poco más de 2 mil millones de pesos y los organismos descentralizados, con 26 mil 31 millones, disminuyen 400 millones de pesos, respecto al año anterior.
En otros poderes, al Legislativo no lo tocan, se queda con 776 millones de pesos y al Judicial le suavizan con un pellizquito de 35.2 millones de pesos, ejercerá mil 895 millones. Los organismos autónomos, aunque en conjunto aumentan casi 500 millones de pesos, recibirán un total de 8 mil 228 millones, la redistribución concede a la UV en global un aumento de 613 millones de pesos más, un total de 5 mil 766 millones, incluyendo el subsidio federal, mientras que la mayoría de estos organismos tiene mermas, no es el caso de la Comisión de Derechos Humanos, protegida con 64.7 millones de pesos, privilegio por servicios prestados; la Fiscalía del Estado se reduce en solo 108 millones de pesos, ejercerá mil 466 millones. La tijera a las demás podría afectar a algunos de estos organismos, como el OPLE, al que no solo no le concedieron el aumento solicitado para empezar en noviembre el proceso electoral de 2021.
Autonomía presupuestal, de ficción
Pese a que la UV recibirá una cantidad mayor este año, el incremento procede de los recursos federales, porque los recursos estatales apenas contribuyen poco más de un millón de pesos al aumento. La aportación estatal el año previo fue de 3 mil 60 millones y este año es de 3 mil 61 millones.
Como adorno y buenos deseos de autonomía financiera quedan las disposiciones constitucionales que establecen para la UV, el Poder Judicial y la Fiscalía General un porcentaje fijo del presupuesto general del estado como presupuesto anual. Es evidente que no reciben respectivamente el 4% (ni el progresivo 3,4% que correspondería), el 2% o el 1.5%. Contra el texto constitucional, en sus artículos 10, 60 y 67, fracción I, que definen el porcentaje y su base del Presupuesto General del Estado, la Sefiplan ha inventado reglas sin fundamento legal para disminuir las asignaciones, en distintas aplicaciones reducen la base descontando factores no previstos, a fin de simular el cumplimiento de la norma. Se entiende que las finanzas del estado no resistan esas cargas, pero en vez de torcer la ley, mejor que la cambien.
Para acabar de nivelar, subjercicio
Si hiciera falta, siempre les queda el recurso de no ejercer el gasto autorizado. Una de las causas no admitidas del subejercicio es precisamente la falta de recursos para solventar el gasto. No sorprendería que este año, igual que el anterior, incurran en la no aplicación de los recursos. No es tanto austeridad como escasez e incapacidad para contener las inercias y el costo de las decisiones burocráticas.