Historias de Negoceos – AMLO tiene 10 días para explicar renuncia de Medina Mora

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Mario Maldonado

La polémica renuncia del ministro Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a estar en el ojo público, luego de que Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emplazó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a explicar las ‘causas graves’ que motivaron su salida del máximo tribunal.
En octubre pasado, el abogado de la Universidad Panamericana, Daniel Torres —experto en Derecho constitucional—, solicitó vía el INAI una explicación, pero se encontró con que, por un lado la SCJN se declaró incompetente, mientras que el Senado y la Oficina de Presidencia desconocieron la existencia de un documento, carta o comunicación oficial que explicará los motivos de la renuncia.
Inconforme con la respuesta, el abogado presentó una queja contra el presidente de la República, por ser el primer actor del procedimiento constitucional en conocer los razonamientos de la renuncia. El INAI resolvió ayer domingo en favor de la transparencia y obligó a Presidencia a revelar cualquier documento o comunicación oficial en la que se expongan los motivos de la renuncia de Medina Mora, en términos del artículo 98 constitucional. AMLO tiene 10 días para hacerlo.
En esta columna dimos a conocer que la renuncia de Medina Mora estuvo precedida del bloqueo de sus cuentas y las de su familia, a solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Una vez presentada la renuncia, la entidad que encabeza Santiago Nieto procedió a desbloquear las cuentas.
Así, la histórica renuncia del ministro Medina Mora a la Corte revela las intenciones de un gobierno dispuesto a eliminar cualquier obstáculo para implantar su proyecto de nación; y al mismo tiempo pone al descubierto el nivel de operación e intereses de los integrantes del gabinete, que en ocasiones no se mueven en la misma dirección.
La amenaza de un Poder Judicial afectado por la austeridad republicana y opositor a las políticas del nuevo régimen resultaba también evidente para la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Julio Scherer Ibarra.
Los tiempos eran inmejorables por los relevos programados de los ministros José Ramón Cossío Díaz y Margarita Luna Ramos, tras los que AMLO logró colocar en el máximo órgano de justicia a Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa. El puesto de Medina Mora fue ocupado hace unos días por la extitular del SAT, Margarita Ríos-Farjat, cercana al consejero jurídico de la Presidencia y a la esposa del Presidente.
Versiones de senadores de Morena y confirmadas por juristas que conformaron ternas para ocupar un lugar en la Corte, detallan que la operación política para los procesos de selección de los nuevos ministros recayó en el Consejero Jurídico de la Presidencia, quien mantuvo contacto permanente con los aspirantes para delinear cada una de sus estrategias de cabildeo.
La estrategia de reconfiguración del Poder Judicial tuvo como resultado, el 2 de enero de 2019, la designación del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea —cercano al Poder Ejecutivo— como presidente de la Corte, con el apoyo de siete magistrados entre los que se encontraba ya el voto sumiso del ministro encumbrado por el último gobierno priista: Eduardo Medina Mora.
La sumisión de Medina Mora no fue suficiente para alcanzar inmunidad con un nuevo gobierno, y mucho menos con un Julio Scherer que codiciaba desde principios de sexenio una posición más en la Corte que significara apoyo incondicional para el Ejecutivo.
No obstante, el respaldo de otra de las integrantes del gabinete presidencial, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero —amiga de Medina Mora— permitió al hoy exministro resistir las presiones durante aproximadamente 10 meses.
Fuentes del gobierno federal confirman también lo que el titular de la UIF, Santiago Nieto, ha ventilado en los medios: que a Medina Mora le seguían la pista desde meses atrás, con investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e incluso posibles vínculos con el crimen organizado.
El embate contra Medina Mora fue atajado por la ministra en retiro, quien intercedió por su excompañero para que se mantuviera por lo menos durante el total del sexenio.
No obstante, el dique de protección desde la Segob se venció en las últimas semanas de septiembre, cuando en las oficinas de Palacio Nacional tomó fuerza la versión de una posible asesoría de Medina Mora hacia el colectivo #NoMásDerroche, el brazo legal de Claudio X. González que interpuso los amparos contra el proyecto aeroportuario de Santa Lucía.
La reacción de AMLO fue casi inmediata y, sin reparar en las recomendaciones emanadas desde otras dependencias, el encargado de los asuntos jurídicos asumió el control de la operación, la cual consistió en un par de llamadas realizadas la tarde del jueves 3 de octubre: la primera hacia algunas oficinas de la Secretaría de Hacienda para congelar las cuentas del ministro, y la segunda poco después hacia el propio personaje en cuestión. La versión fue confirmada por fuentes a las que el propio Medina Mora confió el episodio incómodo.
¿Cuál será la versión del gobierno? Estamos a 10 días de conocerla.