Historias de Negoceos – Buenrostro y Ahued: nueva pugna por aduanas

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Mario Maldonado

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA) arrancarán el segundo año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con una nueva correlación de fuerzas, pues las añejas pugnas entre la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Ríos-Farjat, y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, serán sustituidas por las que se vaticinan ahora entre Raquel Buenrostro y Ricardo Ahued.
En las oficinas del SAT se asegura que no pasarán muchos días para que se dé el primer encontronazo entre la recién nombrada titular del organismo y el encargado de los puntos aduanales, toda vez que en breve deberán elegir de manera conjunta a un nuevo encargado para la Administración Central de Operación Aduanera. Esto, luego del fallecimiento el fin de semana del Almirante Juan Ramón Alcalá Pignol, quien se desempeñaba en el cargo desde abril de 2019.
La llegada a un cargo administrativo del marino en situación de retiro fue resultado de una asignación directa de la regiomontana Ríos-Farjat, en medio de una confrontación abierta con Peralta Saucedo, que en los hechos revelaba una lucha de intereses entre el equipo del Consejero Jurídico y del Jefe de la Oficina de Presidencia, Julio Scherer y Alfonso Romo, con el de la encargada de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Los golpes entre los grupos no fueron precisamente discretos; prueba de ello es el oficio que el 4 de marzo salió de la oficina de la hoy integrante de la Corte para acusar insubordinación del administrador de Aduanas, documento al que siguieron diversas destituciones clave, principalmente de personal identificado en esa estructura como cercano al hoy subsecretario de Gobierno.
El caso más relevante fue el despido de Arnoldo Martínez Rentería, administrador Central de Operación Aduanera y, en los hechos, el número dos de esta oficina encargada de recaudar alrededor de 850 mil millones de pesos anuales por operaciones relacionadas con el comercio exterior.
Con la salida de Martínez Rentería dio inicio también el proceso de ‘militarización’ de las aduanas, un proyecto con el que Margarita Ríos-Farjat impulsaba la colocación de militares y marinos en puestos estratégicos de la AGA, todo con la idea de eliminar estructuras de corrupción arraigadas en los puntos de comercio fronterizo.
El objetivo inicial era colocar en puestos administrativos a efectivos castrenses todavía en funciones, pero fue la propia Sedena, de Luis Crescencio Sandoval, la que recomendó recurrir a militares en situación de retiro, específicamente para evitar un deterioro de la imagen de las fuerzas armadas ante la incursión en áreas que se consideran reservadas para los civiles.
El nombramiento del Almirante Juan Ramón Alcalá Pignol fue el inicio de esa estrategia que contemplaba entregar al Ejército y a la Marina el control de hasta el 50% de las aduanas del país. Hablamos de las más importantes y, por lo tanto, de las más susceptibles a tolerar actividades de la delincuencia como el tráfico de mercancía ilegal, armas, estupefacientes o precursores químicos, tales como Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas.
Sin embargo, con los recientes cambios en las posiciones prioritarias de la Secretaría de Hacienda el proyecto se truncó y, con el repentino deceso del marino encargado de vigilar el cumplimiento de los procesos aduanales, se canceló por el momento la presencia de los mandos castrenses en el sector de comercio exterior.
La designación de un nuevo personaje en el estratégico cargo estará en manos de un nuevo dueto en la administración federal, el cual cuenta con el estilo conciliador del senador con licencia por el estado de Veracruz, Ricardo Ahued, y a la vez con la conocida ‘mano de hierro’ de la otrora oficial mayor del Gobierno, quizá todavía más rígida que la disciplina militar.
Amistades peligrosas. Sobre el caso de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, una relación que ha llamado la atención de los sabuesos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de Santiago Nieto, es la que existió entre el exsecretario de Seguridad Pública calderonista con la familia Weinberg, grupo dedicado a proveer equipos y tecnología de seguridad/inteligencia prioritariamente de fabricación israelí, la mismo que incluso alcanza a la 4T.
Las pistas apuntan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al mando de Alfonso Durazo, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), cuyo director general de Administración, Óscar Moreno Villatoro, sería cercano a Alexis Weinberg, propietarios de diversas residencias en el estado de Florida en las que García Luna y su familia habitaron después de su salida del gobierno federal en 2012.
El asunto no queda ahí, pues la UIF habría congelado ya diversas cuentas bancarias de la familia Weinberg mientras las investigaciones avanzan y habría puesto la lupa en Moreno Villatoro, funcionario que se desempeñó como director General de Puertos y Fronteras en tiempos de García Luna.

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