Asuntos Públicos – Deuda de justicia con Atzalan

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Eduardo Coronel Chiu

La apertura forzada de investigaciones oficiales para esclarecer los hechos ocurridos en el operativo policiaco en la comunidad de Tepetzintla, en Atzalan, la madrugada del pasado jueves, donde murieron a tiros un adulto, Bellarmino Cardeña, de 65 años, y una menor, María Elena de 11 años, dentro de su domicilio, acribillados por las “fuerzas del orden”, debe considerarse como un logro del periodismo local y las redes de comunicación.
Hay que recordar que inicialmente las autoridades pretendían tapar el asunto. El mismo gobernador Cuitláhuac García, apenas se conocieron los hechos y trascendiera la muerte de estas personas, negó se tratara de un operativo policiaco “fallido”; el mandatario públicamente defendió la legalidad de las actuaciones y se apegó al comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual fue omiso en reconocer a las víctimas y centró su versión en una presunta respuesta de sus elementos a agresiones recibidas, mientras atendían un llamado de emergencia.
Sólo después de que se divulgó en medios de comunicación el testimonio de los sobrevivientes, entre estos el de una mujer, Genoveva, situada en el centro de la escena, en el mismo domicilio allanado violentamente, quien presenció con terror los homicidios de su esposo y nieta, víctimas de los disparos de los agentes policiacos, las autoridades se mostraron dispuestas a realizar una investigación de los hechos, verificar si cumplieron con los “protocolos de actuación” y determinar si hubo “excesos” y violaciones a los derechos humanos.
La confiabilidad de las investigaciones
De no haberse hecho visible en los medios de comunicación el grave abuso policiaco –y el hecho irreparable de las muertes de inocentes–, además del saqueo reportado en domicilios, le habrían dado carpetazo al asunto.
Con todo, no es suficiente el ofrecimiento de investigar (por cierto, el gobernador no ha dicho nada al respecto), hasta ahora, declararon la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto, quien dijo haber abierto de oficio una investigación sobre violaciones a los derechos humanos, y ayer el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, “informó” que asuntos internos de su dependencia realiza una investigación a los elementos que participaron en el operativo y que igualmente investiga la comisión de delitos la Fiscalía General del Estado.
Ahora el tema es el desarrollo de la investigación. Si será auténtica o solo simulada. Estará a prueba que se realice bajo un compromiso con la verdad, con imparcialidad y se supere el conflicto corporativo de interés. Ya se verá.
En Atzalan, el gobierno de Cuitláhuac García tiene una deuda de justicia.
Regreso sin gloria
El regreso del avión presidencial de Estados Unidos, que no se pudo vender pero que generó altos costos al erario público, es como boomerang para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque en su retórica niegue el fracaso, la fallida venta queda como otra ilustración de sus decisiones improvisadas, sin planeación pero caprichosas que al final se revelan como una carga al presupuesto público.
En un desplante de falsa “humildad” y deslinde con el pasado de “lujos y corrupción”, el presidente AMLO tomó la decisión de poner en venta el emblemático avión –viajar en vuelos comerciales y en mula– sin prever los distintos pagos contractuales que tuvieron que hacer, aparte de los costos del mantenimiento y resguardo de la aeronave, mucho menos advirtió la previsible falta de compradores, otra vez, ignorando al mercado. ¿Cuánto se pagó por el almacenaje y demás pagos contractuales?
La cantidad reconocida de 30 millones de pesos podría no ser la cifra real. Otros datos hablan de 70 millones de pesos. Pese a todo, el pago es menor a lo que costó cancelar las obras del aeropuerto de Texcoco, donde pagaron indemnizaciones a contratistas por más de 70 mil millones de pesos.
AZ, de diario a semanario
Como se informa por separado a los lectores, debido a factores de orden económico, el Diario AZ, después de más de 20 años de publicación, con el número 6 mil 962, que circula hoy, dejará su edición diaria para mantener su presencia como semanario en el espacio público de Veracruz.
No es una despedida, sino una adaptación a las difíciles condiciones económicas que viven las empresas del país y del estado, no solo las que se dedican a la comunicación.
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