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DETENCIONES ARBITRARIAS

PorAz Diario

Abr 8, 2021

El estado de derecho está quebrado en Veracruz. Las garantías para el goce de libertades y el debido proceso en favor de las personas para no ser molestadas ni detenidas sin fundamento legal por las autoridades, consagradas en la Constitución Política ya no se usan en Veracruz. Menos para los que participan en la oposición o protestan contra acciones del gobierno. Un gobierno que no se rige por el imperio de la ley no es una democracia constitucional, sino un régimen autoritario.

Ayer en Tihuatlán, el ex alcalde Gregorio Gómez. quien busca volver a ser presidente municipal postulado por el PRD, fue sacado con violencia de su negocio, autopartes Gómez, por presuntos policías ministeriales y trasladado a prisión, al parecer en Tuxpan. Los testigos del hecho, empleados del negocio, relataron a los medios que la detención se hizo no solo por la fuerza, sino sin exhibir ninguna orden de aprehensión, de modo contrario a las previsiones constitucionales. Poco después, con gran despliegue policiaco en el área, las autoridades realizaron un cateo al negocio, igualmente sin la orden correspondiente del juez.

Versiones extra oficiales refirieron que la detención se hizo por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Los simpatizantes de Gregorio Gómez y la militancia del PRD protestan desde ayer en Tihuatlán y Tuxpan, hubo bloqueos en carreteras y comunicados de la dirigencia nacional y estatal condenando la detención arbitraria.

De un modo similar hace unos días en Coatzacoalcos, el líder transportista y promotor del partido Fuerza por México Ramón Ortiz Cisneros, fue sacado por la fuerza de su negocio y posteriormente se conoció que estaba acusado de los delitos de ultrajes a la autoridad, delitos contra la salud, portación de armas y extorsión. No quedó claro bajo que circunstancias lo detuvieron y cuales son las pruebas que hay en su contra. A la vista quedó como una detención arbitraria.

Pertenecer a un partido político o postularse para un cargo de elección popular no concede protección e impunidad. Lo que es exigible no solo en estos casos sino en todos, es que las autoridades actúen conforme a lo dispuesto por la ley, ni mas ni menos, estrictamente. Es muy grave que las policías ministeriales pasen por alto las formalidades de procedimiento y las garantías de los acusados, mas en la privación de la libertad. Estos abusos condenables en cualquier momento, ejecutados en medio de un proceso electoral, sugieren que desde el poder del estado hay una consigna para utilizar la acusación penal como medio de intimidación y eliminación de competencia política, sacar del juego a competidores, acusándolos de delincuencia. ¿ Como es que no los habían detectado? van por ellos apenas se postulan a candidaturas

IMPUGNACIÓN CONTRA ULTRAJES A LA AUTORIDAD

La autoridad legítimamente constituida y en actuación legal, obviamente merece respeto de los gobernados, es parte del pacto social fundador del Estado la obligación de obediencia a las normas jurídicas de las personas y el derecho a mandar de las autoridades. Muy distinto es que la autoridad use un delito como pretexto para detener, reprimir o restringir el ejercicio de derechos y libertades.

El delito ultrajes a la autoridad, cometido por quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, previsto en el artículo 331 del código penal del estado, se volvió visible recientemente a la opinión pública por el aumento de la frecuencia con que la Fiscalía General del Estado lo usó para detener y mantener en prisión a personas incómodas al régimen a las que no les podía imputar otro delito; con esa argucia detuvieron en Tuxpan el mes pasado a Rogelio Franco , ex secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes y candidato a diputado federal por el PRD, imputación que lo mantiene preso, igualmente el mes pasado, se la aplicaron al vocero de los centros de verificación vehicular, Eduardo Mario Casares cuando protestaba frente a las oficinas de la secretaría de Medio Ambiente; revelando, lo que ya se había advertido en otros momentos y lugares; éste delito, por su definición ambigua permite los abusos policiacos y de poder y la supresión de libertades de expresión y de protesta pacífica. En 2006, como se ha comentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional para la la Ciudad de México. En el estado a contracorriente con las posturas y legislaciones que priorizan la protección de los derechos humanos, en el pasado mes de marzo se reformó el código penal para aumentar la penalidad de los ultrajes a la autoridad, de prisión dos años que tenía hasta 7 años, con nuevos supuestos agravantes; y lo que es peor, combinándose con nuevos tipos delictivos similares del capítulo Delitos Contra la Seguridad Pública, artículo 371 quinquies que prevé imponer de 7 a 15 años de prisión ” a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones con motivo de ellas”

El gobierno del estado- ejecutivo y congreso- desoyeron las peticiones y argumentos de organizaciones, entre ellas artículo 19 y académicos de la facultad de derecho de la UV- que solicitaron fundadamente se derogara la reforma penal.

Todavía, hace unos días, un grupo de jóvenes de Orizaba, sacados por la fuerza de un negocio, tenidos inicialmente por desaparecidos, resultaron imputados por el delito de moda, ultrajes a la autoridad.

Para tratar de revertir esa reforma, un grupo de 18 diputados del congreso local- muchos de ellos que la votaron a favor y ahora dicen no haber advertido las consecuencias- se unieron para promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Firmaron la demanda, los integrantes del grupo legislativo del PAN, PRI, PRD y MC, las minorías de oposición. Ninguno del partido Morena.

Deseamos que proceda y la corte la invalide. Sin embargo aun en el escenario del fallo favorable de la corte, el efecto sería regresar a las normas pre existentes, esto significa que el delito ultrajes a la autoridad, seguiría vigente, con la penalidad previa, lo cual no resuelve el problema del riesgo del abuso. El objetivo debe ser la derogación total, exigírselo a los legisladores.

No se debe pasar por alto, que el abuso en la imputación de ese delito se debe también a la inoperancia del poder judicial del estado, como instancia inmediata de control de legalidad. La subordinación política del poder judicial al ejecutivo en turno de varios sexenios ha desbaratado su papel de contrapeso institucional. El contubernio Fiscalía- Poder Judicial, y la falta de independencia y profesionalismo de los jueces de primera instancia, actuando bajo consigna, nulifica las garantías procesales.

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