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EXCUSAS A LA IMPUNIDAD DEL HOMICIDIO DE LÍDER DE LA CNC

PorAsuntos Públicos

Sep 24, 2021

ASUNTOS PÚBLICOS

EDUARDO CORONEL CHIU

Es falso lo que afirma el gobernador Cuitláhuac García de que jueces corruptos exoneraron al compa playa, imputado del asesinato de Juan Carlos Molina, el diputado local del PRI y líder de la CNC ejecutado a tiros en su rancho de Medellín, en noviembre de 2019.

El expediente legal cuenta otra historia; desmonta la incompetencia de la Fiscalía que incurrió en violaciones procesales, cuando apresuró la detención de alguien, al parecer para aparentar que había resulto el crimen del diputado. La declaración del gobernador busca excusas para ocultar esa incompetencia.

Sin meter las manos al fuego por la honestidad de los jueces, las evidencias del proceso legal, apuntan a la mala actuación de la Fiscalía más que a la corrupción de alguno de los jueces.

Mientras que no hay ninguna prueba del supuesto ” millonario moche” de 3 millones de pesos al que se refirió públicamente el Gobernador por el cual dos jueces del estado supuestamente están bajo investigación, el Juicio de Amparo resuelto en dos instancias- ante Juez de Distrito y un Tribunal Colegiado- ambos del Poder Judicial Federal, muestran que la acusación en contra del Compa Playa se cayó debido a errores e ilegalidades con que la Fiscalía le imputó el homicidio doloso de Juan Carlos Molina.

La historia legal que desmiente la versión del gobernador Cuitláhuac García puede consultarse en las versiones públicas del Juicio de Amparo Indirecto 472/2020 que contiene la sentencia del Juez Cuarto de Distrito que invalidó la vinculación a proceso del compa playa hecha por el juez de control del fuero común, y en la Revisión 23/ 2021 en la que el Segundo Tribunal Colegiado en materia penal confirma la sentencia, el pasado 24 de junio.

EL FRUTO DEL ÁRBOL ENVENENADO POR LA FISCALÍA

En la argumentación legal, los juzgadores federales de amparo coinciden en que la Fiscalía aportó datos de prueba viciados, en particular, la ilegalidad con que realizaron la prueba de identificación del presunto responsable.

La fiscalía del estado realizó su prueba central sin apegarse al Código Nacional de Procedimientos Penales, condición para su validez; carecía de facultades legales el personal de la fiscalía, policías ministeriales y peritos que desahogaron la prueba de identificación, mediante testigos, fotografías y retrato hablado.

Conforme a la regla que les restriegan los juzgadores del amparo, las autoridades de la prueba en la audiencia de vinculación debían de ser diferentes a las de la imputación- una separación prevista como formalidad procesal, a fin de garantizar la objetividad de la prueba y evitar la inducción y el sesgo en el testimonio.

El juez de control del fuero común del estado que aceptó esas pruebas para vincular a proceso al compa playa, no debió hacerlo pues al ser ilegales, vulneraron el derecho fundamental de legalidad y seguridad del agraviado; por tanto, la sentencia de Amparo del juez de distrito, confirmada por el Tribunal Colegiado, las declaró nulas e insubsistente el auto de vinculación a proceso.

LIBERAN Y ARMAN OTRO DELITO

En ese escenario legal, los jueces del estado que ahora señala Cuitláhuac de corruptos, tenían escaso margen de maniobra; nada dice, por cierto de los juzgadores federales que son los que dan palo a fiscalía y al juez de control del poder judicial del estado.

Excluida por el poder federal la prueba central de la Fiscalía- la identificación del presunto responsable con declaraciones de presuntos testigos del crimen, el juez de control del fuero común, obligado a dictar nueva resolución quedó constreñido y sin otras pruebas para fundamentar una nueva vinculación a proceso.

No podemos saber si el compa playa fue el ejecutor o no de Juan Carlos Molina, no al menos a partir de la presunta identificación que hicieron de él los testigos; la Fiscalía contaminó esas pruebas.

Tuvieron que dictar auto de libertad al compa playa por esa causa, pero no lo soltaron, le imputaron otros delitos- al parecer homicidios, para mantenerlo en prisión- pero no como responsable del homicidio de Juan Carlos Molina. Este sigue impune y sin ningún detenido.

MÉTODOS PERVERSOS PARA MANTENER EN PRISIÓN

Este método de la Fiscalía del Estado, armar e imputar por un nuevo delito, a fin de mantener en prisión a un imputado que los vence en juicio de amparo, es recurrente; de ahí su perversidad, no procura la justicia sino la consigna y venganza.

Lo han usado en numerosos casos, especialmente en los que tienen motivación política, entre ellos, los procesos de la ex Presidenta del IVAI Yoli García Alvarez, el ex secretario de gobierno Rogelio Franco Castán, y el ex subsecretario de Finanzas Bernardo Segura.

La fórmula necesita del contubernio con los jueces del poder judicial del estado, de lo contrario no funcionaría; requiere de la unidad de propósito- consigna o directriz- no de autonomía y división de poderes.

Otra modalidad es la prisión preventiva ” justificada”, aplicada para asegurar en la cárcel a procesados por delitos no graves- incumplimiento de deber legal, ultrajes a la autoridad, entre otros, que permitirían seguir el juicio en libertad, los casos anteriores son también ejemplo, aunque es el mismo, que le recetaron a la ex secretaria de desarrollo agrario Rosario Robles.

Son formas perversas de la manipulación del derecho y el uso faccioso del ministerio público y la administración de justicia, comunes a los distintos gobiernos, los de antes y los de ahora, nada nuevo bajo el sol, el mismo gatopardo revolcado.

A LA 4T NO LES GUSTA EL AMPARO, NI EL CONTRAPESO

El juicio orgullo del derecho mexicano liberal, el juicio de amparo o de garantías, que protege a los gobernados de los actos arbitrarios de autoridad, extendido a la protección de los derechos humanos- libertad, propiedades y posesiones, igualdad, no discriminación etc, no le gusta a los gobiernos de Morena y la 4T. Y eso que se dicen ” liberales”.

Encomendado a las funciones del Poder judicial de la federación, como parte de la división de poderes, al igual que otras formas de control de la constitucionalidad, como la controversia constitucional y el juicio de inconstitucionalidad, su ejercicio y sobre todo las resoluciones negativas molestan a los gobiernos de Morena, desde López Obrador hasta Cuitláhuac, repelan cuando el Poder Judicial de la Federación les señala las violaciones en sus actos de autoridad y los frena en sus excesos, protegiendo los derechos de gobernados o los obliga al cumplimiento de la legalidad y la Constitución.

En el periodo de los gobiernos de Morena son miles los juicios de Amparo, numerosas las controversias y juicios de inconstitucionalidad, una parte se ha desahogado pero muchas acciones están por definirse en el Poder Judicial de la Federación.

Al catálogo se enumeran, solo para ilustrar, los juicios contra la reducción de salarios, las suspensiones a la Ley de la Industria Eléctrica, la vacunación de menores contra el covid, la reinstalación de magistrados, la anulación de la Reforma Electoral, la restitución ordenada de los ediles de Mixtla de Altamirano.

Uno de los recientes reveses en Veracruz, es la suspensión concedida por un juez de distrito a los constructores de la Torre Arista en el Puerto, que desbloqueó la orden del gobierno del estado de paralizar esa obra; como se recuerda, se busca rebanarla legalmente, solo porque no le gustó al Presidente López Obrador su altura y su desarmonía- en su criterio estético -con los monumentos históricos del malecón del puerto.

Detenida sin fundamento legal sólido- por supuesto riesgo inminente a la población, con base en la ley de protección civil- no hace mucho, les vino hace el golpe legal- pero hasta ayer ya aguantó Cuitláhuac Garcia la estocada; ahora dice que el juez de distrito que concedió la suspensión para la torre del puerto, es familiar de uno de los accionistas. Es su excusa.

Si AMLO pidió que le corten la cabeza ( a la Torre) como la Reina de Corazones de Alicia en el País de las Maravillas, seria, la Q, Cuitláhuac en esa baraja seria la J, Jack, Sota o Jota o el Joto de corazones (¿ rotos?) el cortesano que se afana en cumplir con la rebanada legal ( de la Torre).

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