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FALTA DEROGAR ULTRAJES A LA AUTORIDAD

PorAsuntos Públicos

Ene 13, 2022

 RECTIFICACIÓN DE LENGUA,

EDUARDO CORONEL CHIU 

Aunque pudiera tomarse como un signo de rectificación de uno de sus tantos errores, no basta con que el gobernador Cuitláhuac García declare que ha aceptado la Recomendación N°. 146 /2021 hecha a su gobierno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por las diversas violaciones cometidas por agentes de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado a un grupo de 6 jóvenes a los que se les imputó con falsedad el delito de ultrajes a la autoridad.

Por la ignorancia e incomprensión que ha mostrado anteriormente Cuitláhuac del tema y la ambigüedad con suele tratar de expresarse, tendríamos que esperar la prueba de los hechos, para comprobar que efectivamente el Gobierno del Estado cumple con las recomendaciones que le hace respecto al caso la CNDH.

De las 7 recomendaciones que le competen al gobernador, la mas relevante por sus efectos generales en materia de derechos humanos es la que le requiere envíe al Congreso del Estado una iniciativa de reforma con el objeto de derogar el inconstitucional delito de ultrajes a la autoridad.

Tal es el sentido de la Recomendación Sexta : “ Mediante el accionar del proceso legislativo en el Estado de Veracruz, proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos, en beneficio de la población en general residente o que transita en la jurisdicción de esa entidad federativa; remitiendo a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento”

Mientras el Gobernador no envíe formalmente esta propuesta de derogación del controvertido delito y la apruebe el congreso del estado, dominado por una super mayoría por el partido Morena, no habrá evidencia de voluntad de cumplimiento. Será una rectificación de lengua. Hasta no ver, no creer.

EN LAS NUBES

La semana pasada Cuitláhuac públicamente exhibió su desinformación; pese a que la recomendación de la CNDH se emitió desde el 21 de diciembre pasado, podía consultarse en su página de internet, y que muy probablemente ya se la habían notificado, declaró que al parecer solo le estaban “ pidiendo una opinión “.

Ha dado bandazos en su terquedad intentando justificar la reforma que promovió para endurecer el tipo delictivo y sus sanciones, desde considerarlo necesario pues según él, los delincuentes agredían a la autoridad y salían libres, hasta escudarse en que la legislatura “ mal entendió su intención “.

 PREPARANDO LA REPRESIÓN

La reforma del citado delito que penaliza con prisión de hasta 7 años “a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”, hecha en marzo de 2021, no fue sino la preparación de una política represiva dirigida a adversarios políticos y contra la protesta social, pero a la vez, ha permitido el abuso policiaco en contra de ciudadanos comunes, como los 6 jóvenes, cuyo caso dio lugar a la recomendación de la CNDH.

Ese marco legal se ha usado en el gobierno de Cuitláhuac García como justificación( una de las varias) para detener y encarcelar a cualquiera, pero funciona en el régimen autoritario gracias a una combinación pervertida de actuaciones de agentes policiacos de seguridad pública, la Fiscalía del estado y los jueces del poder judicial. La concentración del poder y la consigna son premisas para el abuso de poder y la violación del estado de derecho.

Los casos visibles se fueron acumulando. Unos con móvil político, como el encarcelamiento del ex secretario de gobierno Rogelio Franco, entonces candidato a diputado federal por el PRD, cuando no pudieron ejecutar una orden de aprehensión por violencia familiar, por estar amparado, otros para reprimir la protesta, como la detención del vocero de los centros de verificación vehicular,
Eduardo Mario Cazares en las instalaciones de la Secretaria de Medio Ambiente, y la detención de 14 integrantes de sindicato magisterial SDTV, en una manifestación frente a la Secretaria de Educación. Y otros muchos casos.

Ayer todavía se conoció la denuncia de un empresario constructor de Xalapa a quien un grupo de policías de Seguridad Pública le robó 150 mil pesos;  en el incidente,  primero detuvieron a un empleado suyo con dinero recién retirado para pagar nómina,  por 800 mil pesos, luego que él se presentó para aclarar el origen licito del dinero, lo detuvieron y trasladaron a San José, bajo el cargo de ultrajes a la autoridad, finalmente lo soltaron, pero no recuperó completo el dinero, le faltaron 150 mil pesos. Para la cuesta de enero de Seguridad Pública

 NI LOS VE NI LOS OYE

No escuchó Cuitláhuac los exhortos de juristas académicos, barras de abogados, y organizaciones civiles, que expusieron la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, invocaron los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le pidieron su derogación a él y a los diputados del Congreso del Estado.

Tampoco escuchó a los representantes de partidos políticos en sus manifestaciones ni a los diputados locales de oposición de la pasada Legislatura que interpusieron una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso la sumisa Namiko Matzumoto de la Comisión Estatal para los Derechos Humanos (CEDH) se sintió obligada a presentar también una Acción de Inconstitucionalidad, aunque lo hizo de manera silenciosa para no disgustar a sus jefes del Gobierno del Estado.

Es sabido que enfureció a Cuitláhuac que el Senador Ricardo Monreal líder de los senadores de Morena- pero de grupo político rival, además excluido por el gran líder- abanderara la causa de los jóvenes encarcelados arbitrariamente y criticara públicamente la actuación de sistema de justicia de Veracruz. Este episodio fue el preludio de la confrontación aún vigente, con la Junta de Coordinación Política del Senado, que escaló tras el encarcelamiento el mes pasado de José Manuel Del Río Virgen- un cercano colaborador de Monreal y del Senador Dante Delgado- a quien acusaron del homicidio de candidato de MC a la alcaldía de Cazones.

 FICCIÓN POLICIACA

El burdo montaje de los policías de seguridad pública, consentido por la Fiscalía y el Juez de control en la detención arbitraria de 6 jóvenes, imputados con falsedad de ultrajes a la autoridad, ameritó la recomendación de la CNDH por violaciones a los derechos humanos a la Seguridad Jurídica y a la Libertad Personal, por detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida de hechos, atribuible a elementos de la secretaría de seguridad pública; así como violación al derecho de Acceso a la Justicia, por la Fiscalía General del Estado. .

Los agraviados fueron detenidos por los agentes en una plaza comercial, sin que opusieran resistencia, encerrados en el cuartel de San José y posteriormente, excediendo los tiempos legales, puestos a disposición de la fiscalía, con otra versión de los hechos; situaron la detención en otro sitio, supuestamente al momento en que armados de navajas y cuchillos atacaban a una persona ( que huyó), al llegar los policías fueron también atacados con los punzo cortantes, por lo que tuvieron que someterlos haciendo gala de sus habilidades de combate. Los desmintieron los videos de la plaza y varios testigos. No obstante estas pruebas, la fiscalía los imputó y el juez de control legalizó la detención, establecieron la prisión preventiva justificada y los vincularon a proceso.

Obtuvieron su libertad, luego de tres meses en prisión, gracias a la protección de la justicia federal mediante un juicio de amparo.

Otras recomendaciones de la CNDH para el gobernador – además de la antes mencionada derogación del delito- y que comparte con la Fiscalía del estado- se relaciona con la denuncia a los servidores públicos involucrados- 6 agentes de seguridad pública y 2 fiscales – , así como la reparación del daño a la víctimas, y su atención médica y psicológica.

 POR UNA AUTORIDAD SOMETIDA A LA LEY

El problema del abuso de poder en Veracruz no se reduce a la derogación del delito de ultrajes a la autoridad. Derogarlo será un avance, pero lo más importante es que el gobierno de Cuitláhuac García se someta al imperio de la ley, deje de usar el poder de modo faccioso y arbitrario, respete la legalidad, los derechos humanos y el estado de derecho.

La Comisión Especial creada por el Senado para documentar los abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz puede ser la instancia de contrapeso al poder autoritario que permita a los veracruzanos vivir con libertad y respeto a los derechos fundamentales.

 

 

 

 

 

 

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