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FUNCIÓN PÚBLICA PRESUME TRANSPARENCIA E IMPIDE QUE LA AUDITEN

PorAz Diario

Feb 22, 2021

CALIFICAN LA POSICIÓN DE BLOQUEO DE FUNCIONARIOS DE “INCONGRUENTE”

MOSTRARON RESISTENCIAS E IMPIDIERON ACCESO A DOCUMENTOS Y EQUIPOS, ACUSAN

Funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndida Sandoval se negaron a otorgar información en el proceso de fiscalización como parte de las auditorías en el contexto de elaborar la tercera entrega de informes individuales sobre la revisión de la Cuenta Pública 2019. De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación,servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública negaron el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos. Asimismo, se negaron a comparecer ante la Auditoría y a entregar un expediente sobre la investigación de presuntas anomalías en el estado patrimonial de un líder sindical -sin especificar de quién se trataba- bajo el argumentando que no contaba con dicha información. “Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, argumentando que no contaba con dicha información”. En su informe, ASF también señaló a la SFP por cometer “irregularidades y deficiencias” en la contratación de seis funcionarios a altos cargos públicos. Lo anterior, debido a que no contaban con los años de experiencia requeridos en los perfiles del puesto. Exhibió también que, en todo 2019, la SFP solo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, en comparación con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por los funcionarios ese año. La ASF también denunció a la SFP por no actualizar el Registro de Servidores Públicos Sancionados, y por no tener evidencias que muestre sus actividades derivadas de los expedientes generados por las “quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales”. Funcionarios de la SFP tampoco permitieron que se realizaran entrevistas complementarias. El motivo, según ellos, fue la suspensión de labores por la COVID-19, a pesar de que las actividades en el proceso en el que se dio este bloqueo, no se detuvo. Auditores de la ASF tildaron de “incongruente” la actitud de los funcionarios, toda vez que la misma ASF presume de una transparencia que no aplica en su propia dependencia. “Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades.”

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