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INCERTIDUMBRE EN LA DEROGACIÓN DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD

PorAsuntos Públicos

Feb 4, 2022

ARTIMAÑA PARA QUEDAR IGUAL O PARECIDO 

EDUARDO CORONEL CHIU 

Muchas dudas hay sobre el desenlace que tendrá la presunta derogación del controvertido delito de ultrajes a la autoridad, previsto en el artículo 331 del código penal del estado, por el cual se sanciona hasta por 7 años de prisión a “ quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.

El tipo delictivo considerado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, la doctrina y organismos defensores de los derechos humanos, se volvió el favorito de las autoridades del estado, lo han utilizado en forma arbitraria y extendida para encarcelar a opositores, activistas y ciudadanos, hasta que, como es sabido uno de los casos de imputación con falsedad de ese delito, dio lugar a una recomendación en diciembre pasado de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos(CNDH) al gobernador Cuitláhuac García a quien le requirió promover su derogación ante el Congreso del Estado.

Si bien el gobernador envío ya la iniciativa al congreso del estado, con lo que formalmente estaría cumpliendo con la recomendación de la CNDH, no hay certidumbre ni en el tiempo ni en la forma en que se llevaría a cabo. Además de que la sola derogación del citado articulo no deja satisfechos a los involucrados en el debate.

 PREPARAN CONTRAOFENSIVA

No es un secreto que Cuitláhuac perdió la batalla jurídica y política para sostener el tipo delictivo que exhibió en la opinión pública su autoritarismo; se le observa renuente a la derogación y ha dado pistas de que su grupo legislativo prepara alguna artimaña para simular la derogación y darle la vuelta con alguna contraofensiva en el código penal.

Es claro que el gobernador no tuvo la intención de realizar una derogación inmediata y por ello retrasó la iniciativa hasta el final del periodo de sesiones del congreso, lo que les concede aplazar la discusión y su caso aprobación cuando menos hasta el mes de mayo, fecha en que reanuda labores la legislatura.

Sin que se descarte un descarado simulacro de congelamiento de la iniciativa en el congreso, encubierta en una falsa división de poderes, se percibe la intención de fabricar otras normas penales que les compensen la eventual derogación de ultrajes a la autoridad.

 EL “ VACÍO LEGAL” COMO PRETEXTO

La semilla está sembrada en la falacia de que la derogación dejaría un vacío legal a las agresiones a la autoridad, inexistente vacío que con falsedad tratan de relacionar con el artículo 19 de la Constitución Federal y con el establecimiento de prisión preventiva oficiosa para esas agresiones.

Se trata de un argumento falso para justificar alguna norma punitiva alterna. Esta tesis la avanza Cuitláhuac en su iniciativa de derogación del delito de ultrajes, y ya lo comentan los diputados locales de Morena. La misma gata con otro nombre.

Para algunos juristas no Morenos, no haría falta otro tipo delictivo, ya que está vigente el delito de desobediencia y resistencia de particulares, establecido en el articulo 329 del código penal para el estado, aunque no tiene la penalidad ni lleva aparejada la posibilidad de la prisión preventiva oficiosa que tanto les gusta aplicar a las autoridades de Veracruz.

 INCOMPLETA

Algunos de los actores políticos que tomaron la bandera de la derogación del delito de ultrajes a la autoridad, una vez enterados de la iniciativa existente en esa dirección, plantean que también debe derogarse el articulo 371 del código penal, relativo a los delitos contra la seguridad pública.

En la polémica sesión del senado del martes pasado el senador del PRD Miguel Mancera argumentó que este artículo es espejo de ultrajes a la autoridad, posición igualmente sostenida por el partido Movimiento Ciudadano (MC).

Sin embargo, se trata de un tipo delictivo distinto, confundido o mal entendido por los asesores de esos actores políticos. Las conductas sancionadas entre otras, implican el uso de tecnología para la intervención de comunicaciones de las instituciones de seguridad pública, uso indebido de uniformes y vehículos que aparenten los oficiales, alteren cámaras de vigilancia o filtren información alerten de operativos- conocido como halconeo .

El que sí debería incluirse en la derogación es el 131 Bis, que corresponde a ultrajes a la autoridad, cuando se comete durante emergencias sanitarias o catástrofes o con motivo de éstas.

 RÉCORD EN ABUSOS

Mientras se decide la derogación permanecen prisioneros una buena parte de los más de mil imputados por ultrajes a la autoridad tan solo en 2021. Uno menos, con el pobre hombre que dicen se suicidó en el penal de Amatlán de los Reyes.

La Fiscala Verónica Hernández Giadans lleva récord en abuso de autoridad;  cumplir consignas políticas no la exime de su responsabilidad.