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LA CAJA NEGRA DEL PODER JUDICIAL

PorAsuntos Públicos

Sep 3, 2021

ASUNTOS PÚBLICOS

EDUARDO CORONEL CHIU

La historia reciente del sometimiento del Poder Ejecutivo al Poder Judicial en materia de Gasto Público, la aplicación de un drástico plan de austeridad como respuesta a una supuesta crisis financiera ” revelada”, entre polémica y escándalo, por la Magistrada presidenta Isabel Inés Romero, el pasado mes de julio, vive aún en la mayor obscuridad, sus capítulos finales.

Como se recuerda, no sin forcejeos y exhibiciones de abusos, señalamientos de corrupción a los actuales administradores y críticas a la docilidad de la presidenta, se aplicaron cierres de juzgados, despidos masivos y reducciones de salarios a magistrados y otros funcionarios.

La Secretaria de Finanzas asestó el golpe a la autonomìa presupuestal del poder judicial, a través de la directora de administración del consejo de la judicatura, Joana Bautista, enviada del primo de Cuitláhuac, Eleazar Guerrero, el subsecretario de Finanzas, y, como títere a la presidenta Magistrada Inés Isabel Romero.

Apenas y hubo resistencia jurídica de unos pocos magistrados, de los antiguos que consiguieron suspender la reducción salarial, (la mayoria de los nuevos nombrados por el actual gobierno consintió el ajuste). En los excesos de fuerza, se les cuenta la humillante expulsión de otra disidente, la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, a quien le aplicaron retroactivamente el retiro forzoso por edad, y como en juicio de desahucio la lanzaron del palacio de justicia; los guaruras de Joana e Isabel ( en ese orden va la jerarquía) arrumbaron sus pertenencias en el estacionamiento, tras desalojar la oficina de la magistrada.

Al fin de cuentas, se salieron con la suya los de Sefiplan. Consiguieron mermar el nivel del gasto asignado y borrar la disposición constitucional de otorgar al poder judicial un porcentaje del 2% presupuesto total, norma que además se ha aplicado sobre una base arbitraria para reducir la asignación; se inventó hacer el cálculo sobre los ” recursos de libre disposición “, un concepto ajeno al criterio constitucional.

El caso es que pese a que en el poder judicial acataron las medidas impuestas por sus jefes de la secretaria de finanzas, todavía está pendiente que se formalice a cuanto ascenderá el aparente rescate.

La ampliación presupuestal solicitada por el poder judicial al congreso del estado, al parecer por 500 millones, está pendiente de dictaminarse; aparte de su procedencia, faltaria ver cuanto de ésta demanda les concede la Secretaria de Finanzas y donde mocharían para darles, lo que supone cancelar otros programas del estado, según declaró, dramatizando el guión, hace un par de dìas, su titular José Luis Lima Franco.

EL RECORTE PRESUPUESTAL Y EL EXCESO DE LOS ADMINISTRADORES

Develado el embate para recortarle recursos al poder judicial, queda al descubierto el engaño de la supuesta emergencia y crisis financiera, como se sospechaba, no era mas que el teatro para ajustar la cuota del presupuesto en el poder judicial.

El segundo informe trimestral de finanzas – con cifras de enero a junio 2021 elaborado por la Sefiplan- refuta la versión del agotamiento del presupuesto presentada por la magistrada Isabel Inés Romero como presión a magistrados para que consintieran la reducción salarial.

Obviamente que no era creible que en julio se hubieran acabado el presupuesto del año; ya que como es sabido, este poder-( al igual que todas las dependencias del estado) recibe ministraciones mensuales con montos calendarizados y no se le entrega la totalidad de su presupuesto al inicio de año.

En dicho informe, en la parte relativa a la información presupuestaria ( el estado analítico del presupuesto de egresos, clasificación administrativa) se puede observar al poder judicial con un presupuesto autorizado para 2021 de 1 mil 628 millones de pesos; de éstos, al mes de junio, aparecen pagados o devengados 1 mil 22 mdp, habiendo un disponible, o remanente para finalizar el año de 605.1 millones de pesos( bajo el rubro de subejercio). Por tanto, es falso decir que en el mes de julio se habia acabado el presupuesto anual del poder judicial.

No se duda en que haya habido algunos excesos que no son compatibles con la austeridad, pero esto no parece ser la causa de la supuesta crisis financiera. Los elevados salarios de magistrados habìan sido cuestionados antes ( como también se ha señalado a los diputados y al congreso del estado, y éstos no se han disminuido un peso), igualmente, no se descarta que los juzgados desaparecidos carecieran de una justificación operativa, pero estas partidas de gasto no parecen ser detonadoras de alguna crisis financiera.

Ninguna carencia o déficit se mostró el año pasado y menos en los años anteriores. Por eso el origen de la crisis y el déficit se localiza en primera instancia, en decisiones tomadas fuera del poder judicial. Concretamente en la secretaria de finanzas donde decidieron contra la autonomia presupuestal prevista en la constitución reducir las asignaciones para este año.

Sin fundamento financiero, menos legal, el poder judicial tuvo este año un recorte de 237 millones de pesos, respecto a la asignacion del año previo, y de hasta 300 mdp si se toma el año de 2019.

Por otro lado, este año la nueva administración, puesta por los de finanzas, como se indicó, soltaron el gasto ( se menciona que doña Joana arribó con sueldazo y abultada plantilla de los suyos ) rebasando con mucho las erogaciones en servicios personales de periodos previos, Además se les ha señalado de incurrir en adquisiciones y arrendamientos onerosos y poco justificados.

A la mitad del año pasado habìan ejercido 882.1 millones de pesos, mientras que para el año actual, 1022, es decir, tuvieron a esa fecha, un exceso de 140 millones de pesos. ¿en que se lo gastarón? ¿cuales fueron los nuevos gastos de este año? Tendría que explicarlo la actual administración, pero como son los intocables, obviamente no lo harán; también es responsable la presidene Isabel Inés, no le excusa su ignorancia confesa de la “matemáticas”.

LAS CIUDADES JUDICIALES

Como zona de privilegio, la administración judicial( y del gobierno del estado ) se resisten a afectar el negocio de la ciudades judiciales; como se sabe, en el pasado gobierno de Miguel Angel Yunes con Edel Alvarez en la presidencia del poder judicial, se adjudicó la construccion de 21 ciudades con una inversión de hasta 5 mil 100 millones, pagaderos mensualmente a 25 años, bajo el esquema de Asociaciones Publico Privada(APP) a empresarios asociados favorecidos y pagos ; ACCSA y Malibrán, Nachón, Ruiz, como ejes del consorcio; Cuitláhuac García inocente y honesto, refrendó el negocio y el salpicòn ( no de jaiba), la ex magistrada y presidente del poder judicial Sofia Martinez, acusó de presiones del secretario de gobierno para pagarles a los empresarios, a lo cual se negó, dando motivos a que la echaran del cargo. No se sabe con exactitud cuanto se les paga, y sus resultados. Sofia habló de pagos retenidos por 18 millones, al mes, que a su salida, Isabel Ines su sustituta, pagó de inmediato.

En 2019, segùn la auditoría del Orfis, no habìan terminado ninguna ciudad judicial, por lo que no habia pago de mensualidades. Esta auditoría realizó observaciones en cuanto a los cambios de sedes, terrenos y otros, pero no se reportó ninguna terminada, no se habia activado el supuesto para el pago mensual.

Se sabe que habrá modificaciones a los contratos de la APP, pero se ignoran los alcances. Como hay una raja de negocio, se mantiene en hermetismo que haràn con ese asunto, uno de los mas gravosos al presupuesto del poder judicial, evidentemente.

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