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NAHLE EN EL PODER JUDICIAL

PorAsuntos Públicos

Sep 21, 2021

ASUNTOS PÚBLICOS

EDUARDO CORONEL CHIU

En medio de los escándalos, los pleitos internos y la crisis financiera que atraviesa el Poder Judicial del Estado, desató especulaciones la visita que hizo la semana pasada la Secretaria de Energía Rocío Nahle a la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Inés Romero.

Rocío Nahle por la gracia presidencial, es la reina de la construcción de la Refinería Dos Bocas, jerarca del sector energético- Pemex-CFE, relleno en la caballada flaca de la sucesión de AMLO y jefa del grupo político del partido Morena que gobierna Veracruz. Pero su competencia y atribuciones están lejanas al oder judicial y su injerencia en la operación política de Veracruz, la ha canalizado a través de su incondicional Eric Cisneros, incrustado como secretario de gobierno, también tenido como su gestor de negocios.

Pero no hay que hacerse bolas, Rocío Nahle, no vino a meter orden en el Poder Judicial del Estado. Tampoco trajo recursos económicos extras para el salvamento que esperan en el poder judicial del orden de 500 millones de pesos, para cerrar el año. Ni acudió a coordinarse para consolidar el Estado de Derecho, como posteó la Magistrada Presidenta con motivo del encuentro, mismo que por cierto, la Secretaria Nahle omitió comentar en sus cuentas personales.

Dada la irrelevancia política de la magistrada Isabel Inés Romero y de la inexistencia de amistad entre ellas, se descarta el acuerdo político y la simple visita de cortesía.

¿ Qué podría haber de interés entonces para la Secretaria de Energía en ese encuentro ?

 NEXO COATZACOALCOS, EL PACTO CON EDEL

Si de alguna injerencia extra legal de Nahle en el poder judicial se ha sabido algo, es de su intervención ante Cuitláhuac García, a fines de 2018, para acercar al entonces Presidente, Magistrado Edel Alvarez Peña. Hubo versiones de testigos de que la petición se realizó en los funerales de la asesinada hija de la Diputada Federal de Morena Carmen Medel, en Minatitlán, el mes previo al cambio de gobierno; cercanos al Magistrado Edel Alvarez, igualmente lo propalaron como signo de supervivencia política.

Aunque sonaría extraño ese rescate al político aliado del ex Gobernador Yunes, la permanencia de Edel hasta la conclusión de su Presidencia en diciembre de 2019, confirmaría que los negocios no tienen ideologías ni partidos.

No es casual que tanto Nahle como Edel tengan en común el territorio de Coatzacoalcos, donde ambos realizaron carreras y fortunas, entorno en el que compartirían vínculos empresariales y de amistad, socios comunes de allá, los compadres- Quintanilla Hayek y otros, que les acercaron.

Esto explica el pacto de Cuitláhuac para mantener a Edel en la Presidencia, las caravanas que le rindió a éste el gestor de negocios de Nahle, Eric Cisneros en muestra del beneplácito; pero por encima de todo, la ratificación que hizo el nuevo gobierno al proyecto para la construcción de 21 ciudades judiciales, con una inversión de mas de 5 mil millones de pesos, bajo el esquema de Asociación Pública-Privada, pagaderos del presupuesto del poder judicial en mensualidades durante 25 años; un negocio ideado y adjudicado en el Gobierno de Yunes y la presidencia de Edel Alvarez, a un consorcio de empresas amigas, que se trasladaron enganchadas a la nueva administración.

LA HERENCIA, LAS CIUDADES JUDICIALES

La herencia de Edel, la principal, las ciudades judiciales, ahí sigue, lastrando el presupuesto del poder judicial- con pagos mensuales de 17 millones de pesos, al parecer- y con observaciones de auditoría acerca de irregularidades diversas en los proyectos de construcción y regateos para pagar a las empresas.

Refuerza el argumento la denuncia de la defenestrada Presidenta y Magistrada del TSJ, Sofía Martinez Huerta, quien en su momento acusó al Secretario de Gobierno- Eric Cisneros- de presionarla para que pagara al corporativo concesionario de las Ciudades Judiciales, cuyo eje son ACCSA y Promociones y Construcciones Malibrán, de las familias Nachón y Ruiz Anitúa, respectivamente; negarse a pagar, señaló Sofía Martínez, provocó la ruptura y la secuela vengativa que culminó con el juicio político que la destituyó del cargo.

La actual presidenta Isabel Inés Romero reactivó el pago a las empresas concesionarias, pero, debido a las presiones presupuestarias causadas por el recorte unilateral de la Secretaria de Finanzas( SEFIPLAN)- de 237 millones – y el exceso de gasto- 140 millones más al mes de junio- impusieron el Plan de Austeridad y la solicitud al Congreso del Estado para obtener más dinero.

Pero junto con la ampliación al presupuesto va una solicitud para modificar los contratos de la Asociación Público -Privada. La modificación contractual podría alterar el negocio; un cambio de energía en ese segmento, habría requerido la presencia de una experta, como Rocío Nahle.

A no ser que fuera a ver, si la Magistrada Romero tenía un problema de energía personal; cómo se le ha visto decaída últimamente.

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