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PODER JUDICIAL, INFORME SIN CREDIBILIDAD

PorAsuntos Públicos

Nov 18, 2021

ASUNTOS PÚBLICOS

EDUARDO CORONEL CHIU

Si se quiere evaluar el desempeño del poder judicial del estado, la fuente de información menos adecuada , por no ser confiable, es el Informe de Labores de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado.

Tanto por lo que leyó ( en su mala dicción ) como en los temas omitidos, contrastados con otras fuentes y situaciones conocidas, el informe anual de la Magistrada Isabel Inés Romero presentado ayer al pleno de magistrados del TSJ, está plagado de declaraciones sin sustento y falsedades, un triunfalismo tartamudo que no consigue ocultar los pleitos internos, la represión a los antiguos magistrados, la remoción ilegal de varios de ellos, la crisis financiera no explicada y la persistencia sigilosa, pero lastrante del negocio de las ciudades judiciales, que si bien heredaron, los actuales se aplicaron en refrendarlo.

Queda como mera declaración no demostrada su aseveración de que combatió la corrupción y la impunidad ( no hay ninguna evidencia de que lo hayan hecho) Tampoco demuestran las “ bondades del plan de austeridad”, – es sabido que en el primer semestre del año, habían gastado mas que el año previo, en el que no hubo cacareo de austeridad.

PODER SUBORDINADO

De lo que no hay duda es del papel subordinado que juega el Poder Judicial en la estructura real de poderes en el Estado.

Es falso que la política de “ austeridad “ se adoptó por “ iniciativa interna”, en los medios se conocieron las evidencias- los audios filtrados de la presidenta – de que la drástica reducción de gastos fue impuesta por el Poder Ejecutivo, concretamente por la Secretaria de Finanzas, dependencia que de hecho, intervino la administración a través de Joana Marlen Bautista, Flores,( una amiga del subsecretario Eleazar Guerrero, el primo del gobernador), quien por cierto se demoró, si es que lo hizo, en bajarse el sueldo y compensaciones.

Obligaron a Doña Isabel a suprimir 29 juzgados de primera instancia y micro regionales, a despedir personal y requerir a magistrados y otros funcionarios a que consintieran disminuir sus remuneraciones; hostilizaron a los que se resistieron.

Del mismo modo, la “ presidente “ consintió el recorte del presupuesto de este año por 275 millones de pesos, tijeretazo causante del déficit y luego tuvo que lagrimear que le dieran una ampliación, aunque solo obtuvo 200 millones de pesos más.

Esta actitud sumisa que le ha sido criticada internamente, es una clara muestra de la pérdida de autonomía del Poder Judicial, de su subordinación administrativa y política tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo. En la administración manda Joana Bautista – de parte del primo Eleazar- y en el Consejo de la Judicatura manda Humberto Oliverio Hernández Reducindo – el operador incrustado por el diputado Javier Gómez Cazarín. Doña Isabel, más Florero que Romero, va a los actos públicos.

JUSTICIA FACCIOSA Y POLITIZADA 

La subordinación política de la función jurisdiccional tiene otra modalidad, se expresa en la justicia facciosa y politizada. Los jueces cooperan, en principio, los de control- con la Fiscalía del Estado para atorar a los reos políticos, ya se sabe, dirigentes de partidos políticos, ex candidatos de oposición, ex funcionarios públicos de gobiernos de adversarios, entre otros, así como, en los casos que requieren mostrar como avances; en este contubernio, los acusados del delito que sea, inclusive el abusivo de ultrajes a la autoridad- tienen asegurada la cárcel; los jueces complacientes ( instruidos) validan detenciones, vinculan a proceso y obsequian la prisión preventiva – oficiosa o justificada- por consigna.

SILENCIO EN LAS CIUDADES JUDICIALES 

Es injustificado que la Magistrada Isabel Inés Romero no haya explicado en su informe cual es el estado del cuestionado tema de la concesión a un consorcio de empresas para construir, equipar y dar mantenimiento a 21 ciudades judiciales bajo la figura de la Asociación Pública – Privada,(APP), un contrato que generará obligaciones financieras para el Poder Judicial por mas de 5 mil millones de pesos, pagaderos en mensualidades durante 25 años.

Señalado desde sus orígenes como un negocio con tufo de corrupción- adjudicado a empresarios ligados al ex gobernador Miguel Angel Yunes y el ex presidente del TSJ Edel Alvarez Peña, sospechosamente el gobernador Cuitláhuac García lo refrendó, incluso, la defenestrada Presidenta del TSJ y Magistrada Sofía Martínez Huerta, acusó al Secretario de Gobierno Eric Cisneros de presionarla para que aceptara pagar a los constructores, señalando que su negativa fue causa de su destitución y posterior Juicio Político.

Aunque se supo por el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco que junto con la ampliación presupuestal, el Poder Judicial había solicitado al Congreso del Estado se le autorizara la modificación a los contratos de la APP de las ciudades judiciales, hubo ampliación al presupuesto, mas no respuesta al tema de las ciudades judiciales.

La titular del ORFIS Delia González, pese a que oficialmente no ha rendido ninguna auditoría a las ciudades judiciales, ha declarado que ese tema “ dará todavía mucho de qué hablar “.

El silencio de la Magistrada Isabel Inés Romero es más que sospechoso.

 EL REZAGO JUDICIAL

La demora en la resolución de los conflictos, es una de las causas de la impunidad; la falta de justicia pronta y expedita, se refleja en el rezago en la conclusión de los expedientes de procesos jurisdicciones.

Según la Magistrada Isabel Romero, sin dar cifras, informó que “se combatió el rezago”. Como otras partes de su informe, es dudoso hayan tenido un resultado significativo.

Los datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia 2021, elaborado y publicado por el INEGI no apuntan al abatimiento.

De acuerdo con este censo, el Poder Judicial de Veracruz tenía a diciembre de 2020, un total de 310 mil 314 expedientes sin concluir en Juzgados de Primera Instancia en todas las materias. Ese año, se resolvieron en esa instancia apenas 34 mil 928 expedientes, es decir, solo el 11.2% del rezago.

Los porcentajes de resolución por materia son los siguientes: En juicios penales se emitió sentencia en solo el 5% de los casos, en materia civil en 9.33%, Familiar 15.2% y Mercantil 6.1%.

A ese paso, en la dinámica de inicio de nuevos expedientes y resolución mínima, sin esfuerzos extraordinarios- que no se sabe hubieran hecho- la tendencia del rezago es irreversible.

Los que piensan y opinan que el poder judicial de Veracruz vive uno de sus peores momentos, no andan muy errados.

 

 

 

 

 

 

 

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